2019-10-10

La quita del IVA significó un costo fiscal de alrededor de $1600 millones para San Juan

La provincia, junto a otras quince, hará una presentación ante la justicia por la falta de complimiento del Estado nacional ante la medida de la Corte Suprema.

Las medidas tomadas por el Gobierno nacional en cuanto a la quita del IVA y la baja en Ganancias le produjo un costo fiscal para la provincia de aproximadamente 1600 millones de pesos.

“Es difícil establecer el costo real, se ha hecho un estimado y está alrededor de los 1200 millones. En la reunión, en la Comisión Federal de Impuestos, llegó un presupuesto de la oficina de Presupuesto del Congreso que establecía que el costo fiscal aproximado eran $46 mil millones. Sacamos aproximadamente el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la provincia que es el 3,51%, estaríamos hablando de $1600 millones”, explicó Gastón Orzanc, fiscal de Estado adjunto.

Los Ministros de Hacienda del país están preocupados por la falta de cumplimiento que hay por parte del Estado nacional de la sentencia de la cautelar a la que hizo lugar la Corte Suprema de Justicia. En la reunión que mantuvieron se consensuó realizar una presentación ante la Corte, denunciando el incumplimiento y pidiendo que se arbitren los mecanismos para que el Estado cumpla. “Pedirle que a través de AFIP determine cuáles son los valores que estarían en juego o el costo fiscal que implican estas medidas. La Corte claramente ha establecido que deben ser soportados con fondos del Estado nacional”, precisó Orzanc en AM1020.

La presentación se realiza en forma individual pero se está consensuando para que todas las provincias la realicen en el mismo sentido. Que las quince hagan una presentación distinta se volvería muy engorroso y se desnaturalizaría la medida que es una cautelar que debe ser de cumplimiento inmediato.

“La Corte Suprema se ha expedido de manera rápida y ya depende de una decisión del Gobierno Nacional que está obligado a cumplir con la decisión de la Corte”, indicó el fiscal.

Sin embargo, la Corte todavía no resuelve la cuestión de fondo, por lo que la validez de los decretos se mantiene.

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