Rivadavia: la gestión anterior debe pagar una deuda millonaria
La Municipalidad de Rivadavia fue condenada a pagarle 1,3 millones de pesos, más intereses, a un proveedor que realizó tareas de poda y levantó ramas tras un viento zonda en 2015, durante la gestión de Ana María López.
Esta deuda, más la actualización, la suma ascendería hoy a los 2,5 millones de pesos. Todo se desencadenó porque la exintendente no terminó de cancelarle las tareas acordadas al contratista, pese a que se las había reconocido e, incluso, le había abonado parte de los trabajos.
La sentencia a favor del proveedor fue dictada por la titular del Juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti. El fallo trascendió la semana pasada, luego de que el Poder Judicial habilitara a los magistrados a comunicar las resoluciones.
Según Publica Diario de Cuyo, quien inició el reclamo judicial por la deuda comunal fue José Aníbal Matus Samper, quien realizó en agosto de 2015 tareas de tala, extracción de árboles y ramas caídas a raíz del fuerte viento zonda que azotó la provincia. Además, había sido contratado para llevar a cabo el traslado de todos esos elementos al municipio.
Por los trabajos realizados, inició el trámite para el cobro por un total de 1.692.800 pesos. De hecho, la gestión de la exintendente reconoció el gasto, ya que, a través de un decreto, hizo un pago parcial de 300 mil pesos. Y si bien la obligación había comenzado a cancelarse, la gestión de Ana María no completó los pagos, por lo que Matus Samper inició el reclamo por el faltante: 1.392.800 pesos.
el proveedor presentó toda la documentación y llamó la atención que la municipalidad no presentara ningún escrito contradiciendo a Matus Samper. Incluso, según se pudo conocer, no contestó la demanda y tampoco aportó prueba, por lo que, desde el punto de vista legal, se dio por existente el reclamo y el pago de la deuda, explicaron las fuentes. Es más, la magistrada indicó en su fallo que "es inaceptable lo que en su alegato plantea el municipio, que, pese a no haber contestado la demanda, expone que el actor no ha acreditado la realización de los trabajos, cuya contratación le ha sido reconocida mediante el decreto municipal" que había sacado la anterior administración.
En su defensa, la municipalidad presentó un escrito en el que indicó que había radicado una denuncia para que la Justicia investigue si Matus Samper y otras personas cometieron los delitos de fraude contra la administración pública y malversación de caudales públicos, ya que, según la factura presentada en la comuna, "habrían talado 412 árboles, extraído 280 raíces e innumerables tacones, levantado y transportado ramas y limpiado acequias y raíces", lo que, según el área legal, "es imposible que se haya producido materialmente todo el trabajo denunciado". Si bien la denuncia se efectuó en 2017 en el Primer Juzgado de Instrucción, no ha trascendido que haya tenido avance alguno.