Sigue la discusión legal sobre la ILE en el Cimyn

El caso de las enfermeras que se negaron a asistir una ILE en la clínica Cimyn continúa dando tela para cortar. Es que las trabajadoras sanitarias alegaron ser objetoras de conciencia y debido a su decisión de no participar, fueron sancionadas por la clínica con suspensiones sin goce de sueldo.

Trascendida la polémica, las enfermeras se manifestaron en la puerta de la clínica, exigiendo que se respeten sus derechos como "objetoras de conciencia". 

Luego, el Cimyn emitió un comunicado alegando que la ley sobre la ILE contempla que solo los médicos están habilitados a ejercer el derecho de la objeción de conciencia.

El fiscal relator de la Fiscalía General la Corte, Rolando Lozano, manifestó la posición sobre la ley y fue contundente sobre lo que dice la legislación. 

"Es un tema sensible. Creo que llevará un período de maduración, de entenderlo. Hemos sido protagonistas de un largo debate en relación a la admisión o no admisión de la interrupción de embarazo como una práctica justificada por el Derecho", explicó el fiscal relator a Estación Claridad

"A esta discusión que se tiñe de claros tintes morales, religiosos y hasta personales, se le suma que quienes han profesado la posición contraria a legalizar la interrupción legal del embarazo ha sido zanjada por la Ley 27.610", añadió.

Según el funcionario judicial, la ley expresa claramente quiénes pueden ejercer el derecho a la objeción de conciencia y quiénes no.

Esta facultad de objetar ha sido reservada por la ley, exclusivamente para quienes tienen la responsabilidad directa de la realización de la práctica. Es decir, solo los médicos pueden manifestar la objeción de conciencia.

"La ley es muy clara y afirma enfáticamente que solo tiene derecho a objetar la o el profesional que tenga participación directa en la práctica y en este caso, la tiene únicamente el médico que la realiza", concluyó.