Gobierno de Milei allana el camino para la privatización de empresas públicas y la cesión de acciones en Aerolíneas Argentinas
El presidente Javier Milei anunció un decreto de desregulación económica que sienta las bases para la privatización de empresas públicas en Argentina. El mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado por la Casa Rosada, abarca diversos cambios en las regulaciones que afectan el funcionamiento del Estado y su relación con el sector privado, incluyendo reformas en el status jurídico de las empresas estatales.
Uno de los aspectos más destacados del decreto es la obligación de que las empresas del Estado, independientemente de su forma jurídica actual, se transformen en Sociedades Anónimas, ajustándose al régimen de la Ley General de Sociedades. Este cambio, según el artículo 48 del DNU, igualaría a estas sociedades a las empresas privadas en términos de regulación.
El gobierno de Milei había adelantado su intención de privatizar alrededor de veinte empresas públicas, entre ellas Arsat, las compañías administradoras de trenes, los medios públicos y la mayoría accionaria en YPF.
El capítulo II del DNU también menciona a Aerolíneas Argentinas y propone sustituir el artículo 4 de la Ley N° 26.412, que autoriza la cesión de hasta el 10% del paquete accionario de la aerolínea a sus empleados. La nueva propuesta, en cambio, busca la cesión parcial o total de las acciones a los trabajadores, eliminando la limitación del 10%.
En el ámbito de la banca, el DNU introduce cambios en la ley que regula el funcionamiento del Banco Nación. El artículo derogado está relacionado con los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales, flexibilizando las restricciones en cuanto a dónde deben realizarse dichos depósitos.
Estos anuncios reflejan la firme intención del gobierno de Milei de avanzar en la desregulación y privatización de sectores clave de la economía, marcando un cambio significativo en la dirección de las políticas estatales. La cesión de acciones en Aerolíneas Argentinas también sugiere una posible pérdida de control del Estado sobre la empresa, según lo establecido en el DNU. Estos movimientos generan un intenso debate sobre las implicaciones económicas y sociales a corto y largo plazo para el país.