"Si tuviera que pintar el nombre de un violador o un femicida, lo haría de nuevo sin ninguna duda"

A dos años de la marcha del #8M del 2022, en la que cuatro militantes feministas fueron denunciadas por el Estado provincial por realizar pintadas en el edificio de la Escuela Normal Sarmiento, solo una de ellas queda aún comprometida con la Justicia. Las otras tres manifestantes fueron sobreseídas, pero Yanina Opaso aún espera definiciones sobre su situación procesal. 

"Después del 8 de marzo de 2022, posterior a la marcha, el Estado provincial ofició como querellante contra mí y otras tres compañeras. A esas compañeras las sobreseyeron, pero me procesaron a mí por pintar una pared pintada. Es por eso que nosotras, como defensoras de los Derechos Humanos de San Juan, decidimos hacer uso del artículo de la Ley 26.485 donde se incluye la violencia público-política como tipo de violencia y denunciamos al Estado provincial lo cual devino en esta sentencia", relató Opaso en diálago con el programa Demasiada Información, por Radio Sarmiento. 

"Por un lado, está la causa penal, por el cual dictaron la nulidad del procesamiento. Yo fui procesada y ese procesamiento fue anulado. Además, logramos el apartamento de la jueza Mabel Moya. La causa está a cargo del doctor Guillermo Adárvez al cual se le ha pedido el sobreseimiento o absolución", añadió. 

En paralelo, la causa por violencia política se encuentra en curso en el fuero contencioso-administrativo. De hecho, en diciembre del año pasado, la jueza Adriana Tettamanti declaró la presentación penal constituyó un acto de violencia pública-política contra las mujeres.

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“Nosotres decidimos defender a la pintada como una herramienta del movimiento feminista. Yo apelo a la gente que está escuchando. Yo hice una pinta antifascista. Solo a un fascista les puede molestar. Si tuviera que pintar el nombre de un violador o un femicida, lo haría de nuevo sin ninguna duda. Lo único que dejó en evidencia es que al Estado le importa más una pared que la realidad”, expresó. 

Para la militante "hay una clara posición política contra el feminismo o transfeminismo en la provincia”, explicó.

Según Opazo, el Estado intentó “amedrentar la lucha feminista” y que lo hecho “sirvió bastante” porque se sentó un precedente a nivel nacional en la defensa de quienes militen el feminismo y la defensa de los DD. HH.

A su vez, se refirió al gobierno de Javier Milei, contrario y opositor al feminismo. 

“El Estado Nacional nos ha construido como enemigas públicas y eso tiene mucho que ver con los discursos de odio”, finalizó.