Un sindicalista planteó que sufrió una incapacidad y se dilata el juicio por el atentado a un funcionario

El gremialista Guillermo Augusto Lucero estaba por enfrentar un juicio, en el que está acusado de un hecho gravísimo: atentar en 2011 contra la vida de quien era el jefe de la delegación local de Vialidad Nacional, Rubén Lomas, y de su familia, al lanzar una bomba molotov a la vivienda en la que este residía. Sin embargo, su abogado planteó que no puede encarar la etapa final del proceso penal debido a que atraviesa una enfermedad (de la que no trascendió su patología) que le ha provocado una “incapacidad sobreviniente”. Por eso, el juez federal Hugo Echegaray, a pedido del fiscal Francisco Maldonado, ordenó que se realice un estudio médico para corroborar su estado de salud. Hasta tanto, el debate quedó postergado y no es la primera vez que pasa.

Sucede que Lucero había solicitado acceder a una probation (suspensión de juicio a prueba) con el fin de realizar tareas comunitarias y pagar una suma simbólica de dinero para, de esa manera, evitar sentarse en el banquillo de los acusados y una eventual condena. Tal planteo había sido rechazado por el fiscal federal y el defensor había acudido a la Cámara de Casación Penal, la que también denegó el pedido. Un camino que insumió su tiempo.

En la madrugada del 16 de noviembre de 2011, desconocidos lanzaron bombas molotov a la casa que tiene el organismo nacional para sus funcionarios, en la que vivía Lomas con su familia. El fuego había comenzado a expandirse hacia el interior de la vivienda, pero los hijos del jefe del distrito local (quien había viajado a Buenos Aires) lograron sofocarlo.

El hecho fue de una gravedad extrema y se produjo en medio de un conflicto que el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) mantenía con Lomas. El reclamo del gremio tenía que ver con la equiparación salarial de los empleados locales del organismo nacional con sus pares del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi). Pese a ese nexo, el jefe del distrito sanjuanino había señalado que no tenía pruebas para acusar a miembros de la entidad sindical.

La modalidad del atentado reflejó viejas prácticas mafiosas y la investigación judicial fue encontrando el vínculo sindical, al punto que el juez federal Leopoldo Rago Gallo procesó al secretario General de STVyARA, Carlos Ordóñez, y a su hijo Sebastián. No obstante, ambos luego fueron desligados tras apelaciones de sus defensores en instancias superiores.

El que no zafó fue Lucero, quien integró la Comisión Directiva del gremio. Su causa fue elevada a juicio y está bajo la lupa como el presunto autor de provocar un incendio que puso en peligro la vida de personas y sus bienes. La escala penal del delito va de 3 a 15 años de prisión.

Lucero trató de evitar el juicio con una probation, pero el fiscal Maldonado se opuso debido a la gravedad y la magnitud de hecho investigado, el cual, entendió, debe dilucidarse en el debate oral y público. Su postura, incluso, fue ratificada por la Cámara de Casación, el máximo órgano penal de la Justicia Federal.

El inicio del juicio estaba previsto para esta semana, pero, en la previa, el abogado del sindicalista presentó un escrito en el que señaló que no podía comparecer debido a que sufrió una “incapacidad sobreviniente”.

Así, el representante del Ministerio Público solicitó que se le realice un estudio médico y el juez Echegaray dispuso que lo lleve adelante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si los profesionales constatan que puede enfrentar el juicio, Lucero deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Si verifican que tiene dificultades, se suspende el juicio y, tras un cierto plazo y un nuevo examen, deben determinar si está en condiciones o si esa incapacidad es definitiva. Si sucede esto último, se extingue la causa contra el imputado. Por eso, será clave la evaluación médica para el futuro de un caso conmocionante.