JUDICIAL
Comenzó el juicio por 'Fútbol para todos' buscando saber si existió una defraudación
El Tribunal Oral Federal 1 comenzó el mega juicio que busca esclarecer si existió una defraudación al Estado detrás del programa “Fútbol para Todos”, la iniciativa que en 2009 lanzó el gobierno de Cristina Kirchner para la televisión pública de los partidos del fútbol argentino. En el banquillo están sentados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otros. Lo que se trata de averiguar es si hubo un manejo turbio de los fondos del Estado.
El debate empezó a las 10. El presidente del tribunal, Ricardo Basílico se acomodó en la silla junto a sus colegas José Michilini y Adrián Grünberg, y pidió disculpas por la demora que no había sido culpa del tribunal. En la sala AMIA no había calefacción y varios se quedaron con los tapados puestos. Aníbal Fernández evitó hacer declaraciones a la prensa. Mariotto aseguró que no sabía por qué lo estaban juzgando. Capitanich y Segura seguían la audiencia por zoom. Como en cada juicio, la audiencia se dedicó a escuchar el dictamen de elevación a juicio y las cuestiones preliminares.
En ese contexto, la Jefatura de Gabinete firmó un contrato asociativo con la AFA: la entidad le cedía al gobierno la comercialización de los derechos televisivos de los partidos de fútbol. El Gobierno anunció que los partidos televisados serían gratuitos y abiertos para todo el país, que los clubes recibirían recursos suficientes para sanear sus cuentas -en su mayoría, en rojo-, que se generarían fondos excedentes para financiar el deporte olímpico y que se instrumentarían políticas para mejorar la seguridad en los estadios.
Al resolver la elevación a juicio del fiscal Eduardo Taiano, la jueza María Servini afirmó: "A lo largo de la instrucción, puedo afirmar que lo que en su origen fue programado como una exitosa operación que habría de conjugar el éxito de una decisión política y social (masiva difusión del deporte más popular del país en forma gratuita y fortalecimiento de las entidades que debían beneficiarse con los ingresos televisivos), con ciertas expectativas superavitarias, terminó perfilándose como una suerte de políticas de subsidios estatales hacia las necesidades crecientes de una entidad civil, para lo cual se consideró necesario adicionar a los originarios fines del programa “Fútbol Para Todos” más objetivos y cometidos públicos estatales que tampoco fueron cumplidos, por cuanto ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos entregados por la JGM a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras”
Es que, según la investigación en instrucción, “el fortalecimiento económico de los clubes determinado como propósito esencial del programa no sólo no se verificó, sino que (...) sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente” y no cancelaron las deudas con la AFIP. “Pese a los ingentes esfuerzos presupuestarios aportados por el Estado tampoco se alcanzó el propósito correspondiente a la televisación gratuita del fútbol en todo el país, no sólo porque muchos de esos encuentros fueron difundidos por señales de cable, sino porque durante la ejecución del convenio los encuentros de las divisionales de ascenso (Nacional B y Primera B Metropolitana) fueron nuevamente cedidos a una empresa privada”.
Bajo sospecha quedó el dinero que pasó por la fundación “El Futbolista”, que “compartió en sus inicios su sede en Agremiados, en la calle Salta 1144 de esta ciudad, y figura en la página web del sindicato de futbolistas argentinos”. Esa fundación “recibió por parte de la AFA hasta esa fecha, proveniente del dinero destinado por el Estado Nacional la suma aproximada $86.646.875, una suma inferior a los cheques allí girados por motivo de cartulares vencidos y/o no cobrados o pendientes de débito, y de una deuda existente de la AFA para con la misma”.
Según la jueza, “los ex dirigentes del fútbol argentino no efectuaban transferencias a las cuentas de los clubes, ni tampoco firmaban cartulares una vez depositados los fondos por parte del estado para con los clubes, sino que manejaban ese dinero -financieramente hablando- a su antojo, recurriendo a un sistema que venía presentándose de vieja data. Adelantos de dinero por TV, diferimiento de cheques de pago diferido, fraccionamiento de cartulares, etc; destinados a los clubes que vale recordar presentaban todo tipo de urgencias para financiar su funcionamiento diario”.
La causa elevó a juicio a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Milton Capitanich, la jueza envió a juicio oral al el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto –en su rol de ex coordinador del programa FPT- y el ex titular de la AFA Luis Segura, por defraudación a la administración pública en el manejo de fondos para el programa Fútbol para Todos (FPT).
También están Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT; Rubén Manuel Raposo, exdirigente de Lanús; los exdirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Antonio Rigano, exCEO de Iveco. En la lista se agregan los involucrados en la llamada ruta del dinero: los directivos de la cooperativa AMIGAL Jorge Galitis (ex directivo de Huracán) y Eduardo Amirante, y sobre Climafin Carlos Dávola (ex presidente de Tiro Federal de Rosario).
La causa incluía a José Lemme, quien fuera presidente de Defensa y Justicia; y Rafael Armando Savino, expresidente de San Lorenzo, quienes fallecieron entre 2021 y 2022. Antes de ser elevados a juicio, hubo sobreseimientos para el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, junto a Eduardo Juan Spinosa y Marcus Adrián Cheistwer.
Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, a cargo del TOF 1, serán los responsables de dilucidar qué pasó en el caso. Hace dos años, rechazaron un planteo de sobreseimiento que solicitó d Capitanich por “prematuro”. La acusación estará a cargo del fiscal Miguel Angel Osorio y Sergio Rodríguez, de la PIA. Las defensas sostienen que no hubo delito. El debate permitirá escuchar a los más de 200 testigos y reconstruir la prueba. Hubo uno que ya declaró previamente: el periodista Ernesto Cherquis Bialo, quien fue vocero de la AFA entre 2008 y 2016 y afirmó que “fue una causa armada”.