2024-07-25

Crisis departamental

Tensión extrema en la política calingastina: concejales denunciaron amenazas y el intendente a su antecesor

Ambas presentaciones llegaron a la Justicia. Dos unidades fiscales investigan los hechos.

La crisis política que atraviesa Calingasta, llegó a la Justicia. Tal como lo venía anunciando, el intendente, Sebastián Carbajal, presentó una denuncia penal contra su antecesor, Jorge Castañeda, por el faltante de vehículos y herramientas en la comuna. Paralelamente, la presidenta del Concejo, Patricia Castillo, y su par, Santos Zárate, radicaron denuncias por haber recibido amenazas “por las tareas y trabajos que tienen a cargo” en el cuerpo deliberativo. El hecho no es menor, ya que, ambos, llegaron a su cargo de la mano del intendente, pero hoy están distanciados, por lo que Carbajal ya no cuenta con concejales propios, indicaron fuentes calificadas. Por las denuncias, intervienen diferentes Unidades Fiscales de Investigación (UFI). Por la presentación del jefe comunal, contra el actual diputado departamental, tomó cartas en el asunto Delitos Especiales, mientras que por la denuncia de los concejales, lo hizo la unidad Genérica. En ambos casos, no se descarta que la Justicia defina medidas en el marco de la investigación, como allanamientos y el testimonio de los ediles amenazados.


Según pudo recabar este medio, llamativamente, las presentaciones en la Justicia llegaron el mismo día. El martes por la mañana, Carbajal apuntó contra Castañeda, y a un par de anteriores funcionarios municipales, por las “falencias en el parque automotor”, tal cual había indicado en declaraciones radiales el jefe comunal, pero también por el faltante de maquinaria, como herramientas y equipos. Así, presentó una denuncia por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y perjuicio contra la administración pública. En el mismo momento, pero en otra Unidad Fiscal, la presidenta del Concejo Deliberante y uno de sus pares, presentaban la denuncia por haber recibido amenazas concretas “que atentan contra su vida”, indicaron las fuentes. Al parecer, habrían sido mensajes de texto y no se descarta que hayan sido enviados desde el mismo número, aunque con palabras distintas.

Sebastián Carbajal y el exintendente, Jorge Castañeda, se han venido mostrando juntos en actos políticos en Calingasta. Ahora el primero denunció al segundo.


Ambas denuncias se presentaron cinco días antes de que cierre el plazo de presentación de listas en el Partido Justicialista (PJ), ya sea para la conducción del partido, como para la presidencia de las distintas juntas departamentales, como la de Calingasta. Que Carbajal haya denunciado a su antecesor y que los ediles hayan indicado que recibieron amenazas por sus tareas en el cuerpo deliberativo no es menor. Si bien Castillo y Zárate fueron electos por la lista que llevó a Carbajal a la intendencia, ahora están distanciados. Al punto que dicho distanciamiento deja al jefe comunal sin representantes en el Concejo. Desde el punto de vista político, existe un mandato partidario que indica que aquellos que son intendentes deben ser los presidentes de las juntas departamentales, pero en el PJ hay malestar con Carbajal, primero por apuntar contra Castañeda y, ahora, por su relación con los ediles.


Calingasta cuenta con cinco concejales, de los cuales dos, Nora Olivares y Juan Sebastián Ramos, responden al exjefe comunal Robert Garces, indicaron fuentes departamentales. En el caso de Heber Leonel Tapia, es un alfil de Jorge Castañeda. Esto implica que Carbajal no cuenta con la mayoría dentro del cuerpo, por lo que requiere de alianzas para que se traten y aprueben sus proyectos. Sin esos acuerdos y al estar distanciado ahora de sus exediles, Castillo y Zárate, el intendente enfrenta un vacío político que no lo deja bien parado, ya que requiere del cuerpo deliberativo para que se le aprueben balances, partidas presupuestarias y proyectos, entre otros puntos.


Ahora, con las denuncias presentadas en la Justicia, resta conocer qué medidas tomará el Ministerio Público para avanzar con la investigación y determinar si realmente hay responsabilidad penal contra el exjefe comunal y parte de su equipo, y detectar quién o quienes amenazaron a los concejales.

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