Desde agosto evaluarán las pensiones por invalidez: cuantas hay en San Juan

Las irregularidades detectadas por la auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez expuso cómo el otorgamiento de este beneficio funcionó como una política social de asistencia, sin cumplir los criterios médicos exigidos por la normativa. El marcado aumento que se produjo en la cantidad de beneficiarios durante los gobiernos kirchneristas revela que hubo una decisión oficial de darle un beneficio a personas de bajos recursos, en muchos casos, en función de intereses o favores políticos. En San Juan son 25.126 los beneficiarios de estas pensiones que serán puestos bajo la lupa como todos los demás en el país. Si las sospechas oficiales son correctas, podrían ser dadas de baja alrededor de 10.050 pensiones por invalidez en la provincia, pero todo depende del estudio nacional.

Según los datos oficiales de la ANSES analizados por Infobae, a junio último, las pensiones por invalidez sumaban 1.213.293 en todo el país. La cifra representa el 3% del total de la población.

Este tipo de beneficios lo reciben argentinos y argentinas que, debido a un grado de discapacidad acreditada, no pueden trabajar por invalidez. Su monto en julio fue $220.907 por mes. Esto implica una erogación para el Estado que supera los USD 3.600 millones anuales, según el cálculo realizado por Infobae. 

Mientras en el país los pensionados por invalidez representan el 2,64 % de la población, San Juan con 822.853 habitantes tiene un 2%, es decir, por debajo de la media nacional. Pero se ubica en el lugar número 12, teniendo en cuenta la tasa de pensionados por cada 100.000 habitantes, superando a provincias como Córdoba y Mendoza, según se puede apreciar en el gráfico.

El detonante de esta auditoría fue una denuncia presentada semanas atrás por el Fiscal Federal Guillermo Marijuán. La presentación pide que se investigue "el posible desarrollo de conductas delictivas en las que podrían encontrarse involucrados el expresidente de la Nación, Alberto Fernández; así como los por entonces Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Expósito y Fernando Gastón Galarraga, y la otrora Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez".

En ese sentido, en un reporte enviado al Senado en mayo pasado, el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse informó que “la ANDIS está trabajando para cambiar el proceso a un 100% digital, moderno, eficiente, eficaz, trazable, transparente, automático, objetivo y justo, que permita reducir el tiempo del trámite para el solicitante en un 75% (hoy demora entre dos y tres años) y que garantice el pleno derecho de quien merezca acceder a este beneficio”.

Para tener un número preciso de beneficios otorgados irregularmente, en agosto, la ANDIS iniciará una auditoría exhaustiva en todo el país. “La idea es que no se quite ningún beneficio que corresponda, y que se den de baja todos los que fueron mal otorgados”, señalaron fuentes de la Agencia. “Hay que tener en cuenta que los marcos normativos se fueron modificando y flexibilizando en anteriores gestiones, lo que hizo más fácil que se pueda acceder a la pensión, aun en casos que quizás no hubiera correspondido por no cumplir con los requisitos de invalidez o discapacidad”, agregaron.

La Agencia Nacional De Discapacidad (ANDIS) estima que al menos el 40% de los beneficiarios, es decir, cerca de medio millón de personas, no deberían estar cobrando la pensión, según publicaron. Para determinar la cifra exacta de beneficios a dar de baja, en los próximos días se lanzará un operativo nacional de auditoría, pero que pondrá el foco en los municipios del conurbano bonaerense y las provincias del Norte.

Si las sospechas del organismo oficial son correctas, en San Juan podrían quedar bajo la lupa y dadas de baja alrededor de 10.050 pensiones por invalidez, de acuerdo a la proyección del 40% irregular en el país informado.

Cómo será la auditoría

Según se informó, la auditoría nacional consistirá en citar por carta documento a los beneficiarios para que se presenten en una oficina de la ANSES o un hospital público para acreditar su situación.

También se revisará el perfil socioeconómico del beneficiario. Expresamente, se cruzará información de propiedad, ingresos y consumos, dado que para acceder a la pensión por invalidez, los ingresos y patrimonio del beneficiario o su grupo familiar no deben superar ciertos límites. Es decir, se aceptan a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Con toda esa información, la ANDIS resolverá si mantiene o da de baja el beneficio. Esta resolución puede insumir entre 30 y 45 días. Si el organismo considera que el beneficio debe darse de baja, el beneficiario tendrá una instancia de apelación. Un tema importante. Si la persona que es citada no se presenta en la fecha y lugar indicado, perderá automáticamente el beneficio.

El Gobierno Nacional indicó que la ANDIS, que conduce el abogado Diego Spagnuolo, será lo más objetiva posible y no le quitará el beneficio a quien realmente cumpla con los requisitos. Fuentes oficiales señalaron que quedarán al margen del operativo los 100.000 niños menores de edad y los 60.000 adultos mayores que hoy la están cobrando.

En la ANDIS ya hicieron una mini auditoría sobre unos 3.000 casos a principios de este año. El informe que elaboró la agencia dice: “Se concluyó que entre el 80% y 90% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos mínimos para ser otorgadas. De acuerdo con los datos aportados según su distribución geográfica, las pensiones se registran principalmente en la provincia de Buenos Aires.” Se habrían destinado a estas pensiones y gastos asociados cerca de 3.000 millones de pesos, que no debieron haberse gastado.

Fuente: INFOBAE