En Diputados dicen que es inminente que entre un proyecto para rescindir el contrato por El Tambolar

En la Cámara de Diputados están a la espera de un proyecto de ley que será girado por el Ejecutivo, el que tendrá como foco la obra del dique El Tambolar. Varias fuentes calificadas indicaron que la iniciativa es inminente, al punto que estaba previsto que ingrese hoy para que sea debatido sobre tablas. Según se pudo conocer, perfila un acuerdo entre la gestión de Marcelo Orrego y las empresas que integran la UTE para rescindir el contrato de obra y, de esa manera, despejar el camino para llamar nuevamente a licitación. Si esa es la intención, hay quienes entienden que sería una buena salida para destrabar el conflicto por una obra que está totalmente paralizada y que es clave para la provincia. Además, también podrían quedar solucionados los reclamos que existen entre quienes tienen a cargo las tareas y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), empresa estatal que tiene en manos el proyecto y encaró la licitación. También, se suma un punto clave, si el contrato de obra se da de baja y se llama de nuevo a licitación, con una nueva inversión, ¿podría el proyecto recibir los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)? Hay quienes sostienen que sí. La intervención de Diputados en clave, ya que tiene que ratificar el posible acuerdo.

La obra del Proyecto Hidroenérgetico El Tambolar, que apunta a aportar 70 Megavatios (70 MW) al sistema interconectado nacional, comenzó en abril del 2020 el desvío del Río San Juan. Si bien hubo una ejecución inicial, el plan se ralentizó a mediados del año pasado producto de que existieron problemas de financiamiento. Así, el avance de obra solo alcanzó el 37 por ciento. Uno de los problemas, el más importante, es la deuda que CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) tiene con la provincia por el proyecto, rojo que asciende a los 180 millones de dólares. No fue lo único, ya que existieron reclamos cruzados entre la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Panedile, Sacde, Petersen, Thiele y Cruz y la compañía estatal china Sinohydro, y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE). A través de cartas documento, la primera le reclamó a la empresa estatal que no autorizó un cambio en la obra, por lo que no pudo avanzar. Mientras que la segunda intimó a la UTE que retome las tareas, al punto que le recordó que, a fines del año pasado, le giró 800 mil dólares para la compra de una maquinaria, la que nunca llegó. Así, le indicó que estaba en condiciones de rescindir el contrato por incumplimiento.

En ese marco de reclamos cruzados, la UTE presentó en la Justicia un amparo con una medida cautelar, para “obligar al gobierno a sentarse a negociar”, había trascendido en ese momento. La avanzada judicial no prosperó, ya que fue rechazada, pero, según se puso, las empresas continuaron el reclamo presentando una apelación, la que también fue rechazada, y un recurso de queja. Sobre este último, fuentes oficiales indicaron que las empresas solicitaron una prórroga de 20 días para “avanzar con negociaciones con la provincia”, plazo que se vencería en una semana.
Dicho plazo judicial alimenta la confirmación de que en Diputados esperan que el Ejecutivo envíe la rescisión del contrato de obra por El Tambolar, ya que es necesario que el cuerpo legislativo lo ratifique.

Este medio habló con Hugo Dragonetti, dueño de Panedille, quien no pudo responder las consultas porque un familiar se encuentra atravesando un problema de salud. Por su parte, Alejando Ferrari, Asesor Letrado de Gobierno, indicó que no estar al tanto de que exista un acuerdo entre la provincia y la UTE, pero sí afirmó que las empresas pidieron una prórroga de 20 días en la Justicia.

Más allá de la necesidad energética, la obra del dique El Tambolar es mirada con un interés social por la cantidad de puestos de trabajos, directos e indirectos, que generaría. En un pico máximo de ejecución, se hablaba de poco más de 1.400 trabajadores. El presupuesto de la obra fue de 750 millones de dólares, pero tras el llamado a licitación y un mejoramiento de la oferta, se adjudicó por 488 millones de dólares.