Tras 15 años, agendan para abril del 2025 finalizar con el megajuicio de las expropiaciones

Desde mayo pasado, con las indagatorias a cada uno de los imputados, el megajuicio por las expropiaciones comenzó a transitar su etapa final. En esa línea, y con el objetivo de establecer un cronograma de audiencias, es que el tribunal que lidera la jueza Silvina Rosso agendó días de debates para lo que resta del año, los que se extienden hasta los primeros meses del 2025. Así, recién para abril del próximo año se prevé que cerrará el juicio con la sentencia, lo que marcará un proceso récord de 15 años desde que el entonces secretario General de la Gobernación, de la administración giojista, Walter Lima, formuló la denuncia, allá por el 2010. Una etapa clave comenzará en octubre, cuando está previsto que el Ministerio Público Fiscal, encargado de la imputación, de inicio a los alegatos. En ese momento se conocerá qué castigo solicitará fiscalía para cada uno de los 13 imputados.

La megacausa de las expropiaciones resultó un verdadero escándalo, ya que las autoridades provinciales entendieron que existió una red delictiva dedicada a estafar al Estado al inflar los montos de los terrenos expropiados. Incluso, se estimó que, al 2010, la provincia había pagado unos 42 millones de pesos (poco más de 10 millones de dólares), mientras que, a través de una medida cautelar, frenó desembolso por unos 1.600 millones de pesos (unos 400 millones de dólares). Según la denuncia y la imputación, la red estaba integrada por abogados, jueces y funcionarios provinciales, organización encabezada por el letrado Santiago Graffigna. Junto a él se encuentra el abogado Horacio Alday, mientras que están señalados como integrantes el exjuez civil Carlos Macchi, el exfiscal de Estado Mario Díaz, el exfuncionario de Recursos Energéticos Néstor Ruiz, los exmiembros del Tribunal de Tasaciones Julio Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera, la experito de Fiscalía de Estado Ana María Melvin y los peritos Fernando Videla, Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga.

Graffigna, el principal imputado, comenzó con su indagatoria a mediados de mayo y se ha extendido tanto que ha demandado 16 audiencias para dar su punto de vista sobre los hechos. Los días en los que habló el abogado no fueron continuos, ya que, entre medio, se produjo la feria judicial de invierno y el resto de los imputados también declararon. Así, hasta el momento, Graffigna no termina de declarar y se estima que todavía requerirá unos tres días más.

Así, para finales de septiembre, más precisamente para el viernes 27, el abogado debería haber terminado con su indagatoria. En ese marco, la jueza Rosso, junto con sus pares Martín Heredia y Matías Parrón, definieron un cronograma que tiene como día de inicio el 2 de octubre, con los alegatos de la fiscalía. Se prevé que el ministerio público tendrá la palabra hasta el 4 y 9 del mes que viene, más un día más, agendado para el 23 de octubre, por si requiere más tiempo.

Con esa etapa cerrada, Fiscalía de Estado, que representa la parte querellante de la causa, ya que es el organismo que defiende los intereses del Estado, tiene previsto alegar para el 25 y 30 de octubre, más el 6 de noviembre si hace falta.
El abogado defensor de Santiago Graffigna está agendado para que exprese sus alegatos el 13 y 22 de noviembre, más el 6 de diciembre y, de ser necesario, el 11 de dicho mes. Así, la defensa de Alday quedó prevista para el 13, 18 y 20 de diciembre. Luego, el juicio quedará suspendido por la feria judicial de verano.

El juicio se retomará los primeros días de febrero con la palabra de la defensa del exjuez Civil, Carlos Macchi. A él le seguirá Melvin, Quiroga y Fernández, mientras que Cravero, Bustos, Videla, Ruíz, Moreno, Olivera y Díaz están previstos para todo marzo.

La sentencia está prevista para abril del año que viene, por lo que, a ese mes, el debate habrá demandado dos años y medio, lo que marcará, al juicio de las expropiaciones, como el debate más extenso que haya tenido la justicia sanjuanina. Además, también será un récord como la causa que más tiempo ha demandado hasta tener una primera sentencia, 15 años, desde que se presentó la denuncia.