Porque todavía quedarían "unas 20 víctimas" por identificar, el abogado acusado de trata seguirá detenido

La defensa del abogado penalista Gustavo de la Fuente, acusado de trata de personas y lavado de dinero, había presentado un planteo ante la Cámara de Apelaciones de Mendoza, con el objetivo de que el profesional fuera excarcelado mientras se tramita la causa. Si bien el pedido parecía razonable, ya que el letrado cuenta con arraigo en la provincia, el expediente se encuentra avanzado y tres presuntas víctimas no se opusieron al pedido, la Justicia denegó la solicitud. Lo hizo por entender que De la Fuente podría, todavía, entorpecer la investigación, ya que, según el relato de una de las mujeres, habría más víctimas involucradas y el número total rondaría, al parecer, "unas 20". La resolución cayó como un balde de agua fría para el imputado, quien tenía serias esperanzas de que la Justicia le permitiera continuar el proceso en libertad. Ahora, según confirmó su abogado defensor, Fernando Castro, se apelará el fallo para que la Cámara de Casación Penal revierta la medida.

Gustavo de la Fuente es un reconocido abogado del fuero local que quedó en la mira no solo por el grave delito de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, sino también como presunto autor de lavado de dinero. Según la investigación, el profesional está señalado como "socio" de una empresa dedicada a la venta y transmisión de videos eróticos y sexuales de mujeres. Si bien las víctimas habrían prestado consentimiento, la Justicia Federal investiga al abogado y a otros dos sospechosos por beneficiarse con la explotación de las jóvenes y aprovecharse de su situación de vulnerabilidad, ya que serían de condiciones humildes.

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El revés judicial que recibió De la Fuente fue emitido a fines de la semana pasada y lleva la firma de los magistrados mendocinos Manuel Alberto Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci. Un punto clave del fallo es que los jueces reconocieron "el arraigo familiar y laboral" del abogado sanjuanino y tampoco desconocieron un informe remitido por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, en el que se indica que las tres víctimas que declararon en Cámara Gesell fueron consultadas sobre el pedido de excarcelación y "no manifestaron tener inconvenientes con lo solicitado por el imputado".

Sin embargo, lo que llevó a los jueces a rechazar el planteo fue que el magistrado de primera instancia, Leopoldo Rago Gallo, y el fiscal federal, Francisco Maldonado, entendieron que "quedan pendientes de producción medidas de prueba, como declaraciones testimoniales, pericias de celulares, de equipos informáticos, informes de personal del Programa de Trata de Personas, entre otras, que podrían verse frustradas si el imputado estuviese en libertad durante su sustanciación; con el agregado de que el delito que se investiga es la trata de personas, y que hay víctimas a las cuales se les recepcionó audiencia en Cámara Gesell, circunstancia que, al menos en este estadio procesal, hacen presumir que, más allá del arraigo que refiere la defensa y la caución ofrecida, podría verse entorpecido el curso de la investigación. Todo ello en un contexto en el cual todavía quedarían víctimas sin identificar y abordar".

Sobre este último punto, una parte central es que, si bien las presuntas víctimas habilitaron que De la Fuente saliera en libertad, en el informe elaborado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, una de ellas mencionó que "en un momento llegaron a ser alrededor de 20 chicas..." las que trabajaron en el lugar donde, al parecer, se produjo la explotación laboral y sexual, por lo que se entiende que hay más víctimas, y es ahí donde el abogado sanjuanino podría interferir.

Según el abogado defensor, Fernando Castro, De la Fuente no fue socio de la organización, ya que, según la prueba recabada, en particular las declaraciones de los testigos y las versiones de los demás coimputados, solo brindaba asesoría legal, mientras que el fiscal y el juez entienden que su rol fue el de "partícipe necesario" de la maniobra delictiva.

Frente a las acusaciones, el abogado penalista está expuesto a enfrentar una pena que va de 4 a 8 años de prisión en el caso de una condena, lo que le acarrearía un castigo de cárcel efectiva.