Dos policías acusados por apremios ilegales fueron sobreseídos

Dos agentes de la Policía de San Juan fueron sobreseídos tras ser acusados por presuntos apremios. Ambos uniformados estaban siendo investigados por excederse en sus deberes como funcionarios policiales, aunque la Justicia no encontró pruebas suficientes que certifiquen un incorrecto accionar.

El primer caso es el de la agente Tamara Riveros, de 29 años, quien a finales de mayo de 2023, quedó en la mira de la Justicia luego de ser denunciada por haber disparado su escopeta contra un grupo de personas, donde una menor de 15 años recibió un balazo de goma en el mentón.

El hecho se produjo cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Norte fueron alertados por un robo en la escuela Néstor Kirchner, en el barrio Marcó II, en Campo Afuera, Albardón.

La Policía perseguía a dos jóvenes que fueron señalados como los presuntos ladrones. Estos fueron alcanzados frente a la zona de la escuela y cuando los efectivos se los llevaban, los vecinos comenzaron a cuestionar el accionar policial, intercambiando algunos reproches que dieron paso a una fuerte discusión. Fue en ese momento en que, según consta en la denuncia, la agente Riveros sacó la escopeta y habría disparado para dispersar a los vecinos, pero uno de los proyectiles de goma impacto en el rostro de una menor. Esto ocasionó que los vecinos arrojaron piedras a los uniformados cuando estos se retiraban del lugar con tres sospechosos detenidos por el robo a la escuela.

La madre de la adolescente herida fue quien después radicó la denuncia en una comisaría.

Horas después, un joven denunció a Riveros y a un compañero suyo por haberlo golpeado a él y su cuñado. Estos se trasladaban en moto por calle Tucumán y Godoy en Chimbas y según el denunciante, fueron interceptados por un móvil policial, que los venía siguiendo desde hacía unos instantes.

Poco después, el patrullero los alcanzó en otra esquina semaforizada y les tiró el auto encima a los motociclistas, impidiéndoles el paso. Estos evadieron al móvil policial y prosiguieron su recorrido por calle Tucumán.

Sin embargo, poco después, el patrullero los alcanzó, los encerró violentamente y el costado izquierdo del auto golpeó a la moto, haciendo que ambos ocupantes cayeran al suelo. Acto seguido, la agente Tamara Riveros y el oficial Fabricio De la Vega bajaron y esposaron a los jóvenes.

Según la denuncia, De la Vega agarró a uno de los jóvenes y lo tiró encima de su compañero y Riveros le pisó la cabeza y luego comenzó a patear a ambos, insultándolos a la vez que les exigía que “entreguen las cosas que se robaron”.

Los jóvenes de apellido Berón y Álvarez quedaron detenidos y fueron trasladados a Comiusaría 17ma, acusados de haberse robado una moto. Pero poco después, se comprobó que ninguno de los dos era delincuente, que la moto pertenecía a Berón y que habían sido acusados falsamente.

La única irregularidad es que Berón no tenía licencia para manejar una moto ni tampoco contaba con seguro, pero el rodado era de su propiedad, por lo que solo le interpusieron una contravención. Tanto él como Álvarez, su cuñado, recuperaron su libertad, pero Berón radicó la denuncia contra la agente y su colega.  

Con dos denuncias sobre sus espaldas, la UFI Delitos Especiales ordenó la detención de Riveros, quien quedó alojada en Comisaría 26ta. y quedó suspendida. Poco después recuperó su libertad, pero permaneció suspendida hasta hacer unos meses atrás cuando fue reincorporada a la fuerza. De la Vega, por su parte, nunca fue suspendido.

La causa dio un giro cuando Fiscalía, en el avance de la investigación, no encontró pruebas suficientes que certificaran la culpabilidad de ambos efectivos en el hecho.

Por un lado, no se pudo comprobar que Riveros fue quien disparó la escopeta, en el hecho ocurrido en Albardón.

Por otra parte, tampoco se pudo determinar a ciencia cierta que la agente y el oficial De la Vega se hayan excedido en la detención de Berón y Álvarez, ni se encontraron pruebas de que ambos uniformados hayan golpeado a los jóvenes.

Con este panorama, Fiscalía solicitó el sobreseimiento de ambos efectivos policiales, pedido al que se acopló el abogado de ambos, Pablo Pereira Samper. 

El juez Juan Gabriel Meglioli hizo lugar al requerimiento y sobreseyó tanto a Tamara Riveros como a Fabricio De la Vega por no haber suficientes elementos probatorios.