Fiscalía pedirá una pena de entre 10 a 15 años de prisión contra Graffigna por las expropiaciones

Este miércoles comenzará la etapa final del megajuicio por expropiaciones. De acuerdo al cronograma que fijó el tribunal, el Ministerio Público Fiscal, que encabeza Daniel Galvani, comenzará ese día con los alegatos. Esto implica que expondrá sus fundamentos de culpabilidad para cada uno de los 13 imputados. En esa línea, trascendió de fuentes oficiales que quien encabeza la acusación solicitará un castigo de prisión de entre 10 y 15 años contra Santiago Graffinga, el abogado sindicado como jefe de la asociación ilícita dedicada a estafar al Estado con los valores de los terrenos expropiados. Se trata de un duro pedido que luego se verá si tiene correlación con lo que defina posteriormente los jueces. Dicha resolución se espera para los primeros meses del 2025, más precisamente para abril, momento en el que se conocerá la sentencia.

Sobre el pedido de fiscalía, las fuentes indicaron que la base de la acusación, entre otros puntos, es que Graffigna encabezó una banda delictiva integrada por otros abogados, exjueces y también funcionarios públicos, como los miembros del Tribunal de Tasaciones de la provincia. Así, trascendió que hay fundamentos para sostener tanto la defraudación contra el Estado como la asociación ilícita. Por otro lado, explicaron que son 8 los hechos consumados, mientras que hay otra tanda similar de expedientes que se presentaron como “en grado de tentadita”, lo que implica que tuvieron la intención de llevar adelante la defraudación pero no se logró concretar.

La presentación que hará fiscalía no es menor, ya que es el órgano encargado de la acusación dentro de un juicio. Pero no será lo único, ya que la provincia, como parte querellante, también tiene la facultad de acusación y de pedir penas. En ese marco, si bien no trascendió las pretensiones de la provincia, fuentes calificadas afirmaron que serán penas más altas que las que presentará el Ministerio Público.

La escala penal, configurada en el Código Penal para cada uno de los delitos, será clave a la hora de las pretensiones de castigos, para la fiscalía y para la querella. En ese marco, Graffigna enfrenta una acusación que lo presenta como el responsable de una estafa (artículo 174, inciso 5) “en perjuicio de alguna administración pública”. Dicho delito conlleva una pena de “dos a seis años” de prisión, ya que se presenta en función de otra calificación establecida en el artículo 172, que establece que “será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Sobre esos puntos, la parte acusadora, Fiscalía y querella, entienden que existen ocho hechos consumados.
Por otro lado, la imputación de jefe de una asociación ilícita estira la pena a una escala más alta, ya que, el código establece que “será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Además, indica que “para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión”.

Junto a Graffigna se encuentra el abogado Horacio Alday, mientras que están señalados como integrantes el exjuez civil Carlos Macchi, el exfiscal de Estado Mario Díaz, el exfuncionario de Recursos Energéticos Néstor Ruiz, los exmiembros del Tribunal de Tasaciones Julio Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera, la experito de Fiscalía de Estado Ana María Melvin y los peritos Fernando Videla, Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga.

Se estima que, por la asociación, Graffinga logró estafar al Estado, inflando los precios de los terrenos expropiados, en más de 10 millones de dólares, mientras que, a través de una medida cautelar, la provincia frenó desembolso por unos 1.600 millones de pesos (unos 400 millones de dólares).

Según el cronograma, los alegatos inician esté miércoles y fiscalía tendrá, al menos, tres jornadas para presentar su acusación. Luego, a fines de mes, será el turno de Fiscalía de Estado, mientras que Graffigna y el resto de los imputados comenzará entre fines de noviembre y diciembre. Así, durante febrero y marzo, será el turno los abogados defensores, por lo que para abril se espera que los jueces Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón, dicten una sentencia de una causa que arrancó en 2010.