Para la defensa de Graffigna, el fallo por La Superiora confirma que el megajuicio por las expropiaciones “nunca debió nacer”

Para la defensa de Santiago Graffigna, el abogado imputado como líder de una asociación ilícita dedicada a estafar al Estado con los juicios de expropiación, el fallo que emitió la Corte de Justicia por la causa La Superiora, en Rawson, es central, al punto que sostienen que dicha sentencia confirma que el megajuicio “nunca debió nacer”. Es que, según indica, el tribunal superior dejó en claro lo que ellos vienen sosteniendo desde que comenzó el escándalo allá por el 2010: que no existió un mecanismo delictivo para inflar lo precios de los terrenos, ya que lo único que se aplicó es lo que dice la ley y lo que ahora, según esa teoría, confirma la Corte. En el escrito indicó que, para determinar el valor de un bien a expropiar, se debe calcular el “valor real y actual” del inmueble. En esa línea indican que se echa por tierra uno de los principales fundamentos que utilizó la provincia para denunciar a Graffigna y al resto de los imputados, el mecanismo de tasación que arrojó elevados montos de expropiación.

El fallo de la exbodega La Superiora fue dictado por la Corte de Justicia en marzo del año pasado, pero recién ahora fue expuesto en el megajuicio. Incluso, el abogado de Graffigna, Marcelo Fernández, le solicitó al tribunal integrado por Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón, que sea incorporado como prueba. Los jueces respondieron que, al tratarse de una sentencia del tribunal local “es conocido por todos”, por lo que no es necesario incorporarlo al expediente del juicio. Así, el abogado sostuvo que exigirá “que el tribunal valore ese hecho que ha llegado a conocimiento” para el momento de emitir sentencia, la que se espera para abril del año que viene.

Si bien la sentencia por La Superiora tiene más de un año y medio de vigencia, tomó trascendencia durante este 2024 cuando la municipalidad de Rawson, que conduce Carlos Munisaga, puso el grito en el cielo al enterarse que debía desembolsar unos 320 millones de pesos por el 15 por ciento adeudado por la expropiación, cuando dicho monto, hace 12 años, superaba por poco el millón de pesos. El elevado cambio de valor ocurrió porque la Corte de Justicia ordenó realizar una nueva tasación del predio para que se determine “el valor real y actual” y sobre dicho monto aplicar una tasa de interés.

Para Fernández, dicha resolución es central, ya que “respalda” lo que las defensas vienen sosteniendo en el juicio. Así, explicó que “esta causa se inicia porque se discutía que las tasaciones llevadas a cabo en los procesos de expropiación, principalmente los que tienen que ver con el dique Cuesta del Viento, arrancaban con una tasación mal hecha. ¿En qué sentido? Que, al momento de fijar el valor objetivo del bien, se utilizó una especie de práctica fraudulenta, porque lo que se les pedía a los jueces era que se tasara a valor real y actual”, más los intereses. Dicha práctica de tasación es la que, según la defensa, ahora la Corte ha confirmado a través del fallo por la expropiación de la exbodega La Superiora. Así, el abogado dijo que “nosotros no decimos que la sentencia de la Corte tira abajo todo este juicio. Lo que decimos es este juicio nunca debió nacer y la sentencia de la Corte nos está dando el respaldo”.

El juicio por las expropiaciones entró en su etapa final, ya que la fiscalía comenzó a exponer sus alegatos, esto es, las pruebas que fueron ventiladas en el debate y la responsabilidad que tuvo cada uno de los 13 imputados. Para el Ministerio Público, Graffigna es el líder de una asociación ilícita dedicada a estafar al Estado con los juicios de expropiación. De dicha organización participaron abogados, como Horacio Alday; exjueces, como Carlos Macchi y la fallecida, Rosalba Marún; y otros miembros como el exfiscal de Estado Mario Díaz, el exfuncionario de Recursos Energéticos Néstor Ruiz, los exmiembros del Tribunal de Tasaciones Julio Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera, la experito de Fiscalía de Estado Ana María Melvin y los peritos Fernando Videla, Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga.

Más allá del fallo de la Corte por la expropiación de la exbodega La Superiora, para el Ministerio Público, y también para Fiscalía de Estado, que representa los intereses de la provincia, existieron maniobras fraudulentas que fueron más allá de los fallos emitidos por la Justicia, que favorecieron a Graffigna y compañía, como la sustracción de documentación y pruebas dentro de los expedientes.

La causa de la exbodega La Superiora tuvo un nuevo capítulo a principio de mes, cuando la Sala IV de la Cámara Civil ordenó que se realice otro procedimiento de valoración sobre el inmueble y, así, se logre determinar “el valor real y actual”, evaluación de la que deberán participar los peritos del municipio y también de los exdueños de la bodega.