Para el Gobierno, los municipios tienen que ir a la Justicia Federal para mantener las tasas en las boletas de servicios

A principios de esta semana, medios nacionales confirmaron que la Nación acusó a empresas de servicios locales, de luz y de gas, de sumar cargos municipales en sus boletas. Incluso, se habían iniciado 9 sumarios que, de mantenerse, pueden incurrir en multas para las empresas, que pueden superar los 2.000 millones de pesos. Ante la polémica por la posible baja de un cargo que está destinado, en el caso de la luz, a afrontar los gastos por alumbrado público, que está en manos de los municipios, este medio había adelantado que la gestión orreguista estaba trabajando sobre una medida legal para que el tributo se mantenga. En esa línea, fuentes oficiales de Casa de Gobierno indicaron que lo que debe ocurrir es una presentación judicial, pero por parte de los municipios, ya que son estos los afectados directos. Incluso, apuntaron que se está en tratativas para acumular toda la documentación necesaria para acompañar la acción. Además, afirmaron que no sería una presentación individual, sino una en conjunto, entre varios jefes comunales. También explicaron que la acción, un amparo, deberá ser presentada en la Justicia Federal, ya que se trata de un conflicto sobre medidas nacionales.

La medida nacional, que apuntó contra la empresa Naturgy (ex Energía San Juan), Decsa (Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A.) y Ecogas, generó preocupación en el Ejecutivo provincial, también en los municipios, porque sin la posibilidad de cobrar tributos en la factura, sobre todo de la luz, las comunas se verían imposibilitadas de afrontar los gastos por alumbrado público y también para encarar obras de ampliación de alumbrado.

La resolución nacional, que emitió la Secretaría de Industria y Comercio, es explícita ya que establece que “los conceptos expresados… deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado… no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio”. Para el caso de Naturgy, en la factura figura el Cargo Único Municipal, ítem atado al alumbrado público de cada municipio.

El gobernador Marcelo Orrego fue quien había adelantado que el Ejecutivo iba a tomar cartas en el asunto. Consultado por este medio, el mandatario había expresado que “es un problema que va a atravesar a todas las jurisdicciones del país. Es muy importante juntarme con mi equipo y escucharlos a todos los que son parte, como la Secretaría de Energía (que depende del Ministerio de Infraestructura), el EPRE, la Secretaría General de la Gobernación y Asesoría Letrada. Son fundamentales para tomar decisiones”.

En esa línea, desde Casa de Gobierno indicaron que “los municipios afectados son los que deben hacer una presentación en la Justicia Federal” contra la resolución nacional. Por otro lado, explicaron que, para el caso del Cargo Único Municipal, “San Juan viene cumpliendo con la medida”, al punto que, a principios de año, la gestión orreguista le puso un tope a lo que las comunas pueden cobrar por dicho tributo y que está reflejado en la boleta de la luz.

A través de un decreto, la provincia dispuso que el monto máximo del concepto “Cargo Único Municipal” debe ser el que permita cubrir “la suma de los gastos en las facturaciones de los suministros de Alumbrado Público, Cargos Administrativos respectivos, y Edificios Propios Municipales, más el margen adicional del “Factor Led” que surja de la declaración de existencia de luminarias de tecnología LED informada por cada Municipio, con un tope para este factor de uno coma siete (1,7)”. Dicha medida había generado un ahorro para los usuarios que alcanzó los 3.000 millones de pesos a mitad de año y unos “5.000 millones de pesos” hasta el momento, indicaron fuentes oficiales.

Otro de los puntos clave, y que había trascendido en su momento, es que hay quienes entienden que la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación no tiene facultades legales para emitir una resolución que afecte disposiciones provinciales, como es el caso del CUM. Incluso, desde Casa de Gobierno indicaron que “los abogados entienden que es así”, postura que le daría más fundamentos a la presentación municipal.

Paralelamente, fuentes oficiales de dos municipios indicaron que estaban analizando el tema, pero que, hasta el momento, no habían tenido contacto con autoridades provinciales para avanzar con una presentación judicial. A su vez, explicaron que no descartan hacer una si existe consenso con la provincia y con el resto de los distritos.

Tras ser notificadas del incumplimiento, las empresas tenían cinco días para hacer su descargo, plazo que algunos entienden que se cumple la semana que viene.