Un exfuncionario giojista apuesta a un amparo para frenar la expropiación del cerro donde hay una antena clave para Barrick

Guillermo Leonardi, exfuncionario giojista y abogado de la ahora expropietaria del Cerro Coronel, donde funciona una antena de comunicación clave para la empresa minera Barrick, apuesta a una acción judicial para intentar revertir la expropiación que concretó la municipalidad de Iglesia. Previo a que la comuna resolviera avanzar con la medida, y al tomar conocimiento de que se había iniciado el trámite, el profesional presentó un amparo para defender los derechos de su representada, junto con el pedido de una medida de no innovar para que no se proceda a la expropiación. El segundo punto fue rechazado por el juez Domingo Castro, pero el primero sigue en pie y hasta el momento no tiene resolución, por lo que el abogado apunta a que la Justicia le dé la razón y, en ese sentido, determine que no existen fundamentos para que la comuna declare de utilidad pública el terreno.

La movida judicial fue confirmada por el propio Leonardi, luego de que la semana pasada presentara un nuevo escrito ante el juez con asiento en Jáchal, para que le permita presentar pruebas que tiene en su poder y para informar que existen “hechos nuevos” que apoyan la base de su planteo: que no existen fundamentos para que se proceda con la expropiación. Según explicó el abogado, el amparo lo inició cuando tomó conocimiento de que la municipalidad de Iglesia había comenzado el trámite administrativo, para que el Consejo Deliberante emita una ordenanza que se declare de utilidad pública y sujeto a expropiación del Cerro Coronel. En dicho lugar se encuentra una antena de comunicación que utiliza la empresa minera Barrick, pero en la que también funcionan otros equipos como los del Inpres, Gendarmería y Defensa Civil, entre otros. De hecho, ese fue uno de los fundamentos para que Iglesia expropie el predio.

Para Leonardi, lo llamativo, según confirmó y reflejó en el escrito, fue que el amparo lo presentó ante la Justicia el 16 de octubre y “el municipio igualmente avanzó con la expropiación”. Esto es, que, “la comuna sabía del trámite judicial presentado e, igualmente, decidió avanzar”. Incluso, en el documento que presentó ante el juez, fue más duro, ya que indicó que el accionar comunal demuestra un “desprecio de la administración de justicia, o bien entiende y está segura de que el resultado del pleito le será favorable, todo suspicaz, por cierto”. Es que si bien el amparo se inició a mediados de octubre, la medida comunal se concretó el 7 de noviembre y se hizo efectiva el 15 de ese mes con el decreto municipal, para luego, ser publicado en el Boletín Oficial el 10 de diciembre.

La ordenanza de expropiación estableció que Iglesia declara de utilidad pública el predio porque entiende que se puede ver perjudicada si el privado, que mantiene un juicio con la empresa minera por el uso de la antena, decide retirar los equipos. Para ello, hizo intervenir al Tribunal de Tasaciones de la provincia, que estableció que los terrenos tienen un costo de 7.500.000 pesos, los que deberán ser cancelados para avanzar con la expropiación. A su vez, firmó un convenio con el Ejecutivo provincial, el que indica que el Estado se hará cargo de los gastos de la expropiación y también de toda la representación legal por el eventual juicio que se realice para cambiar de titular el inmueble.

Un punto clave que explicaron fuentes judiciales es que, si bien la ordenanza puede quedar sin efecto si la Justicia hace lugar al amparo presentado por Leonardi, también puede revertirse en el juicio de expropiación que se debe realizar. Esto es, el municipio dictó una ordenanza, pero no puede tomar posesión del terreno hasta que no se inicie el juicio de expropiación, el que representará un nuevo pleito entre los privados y la comuna, en este caso, por los fundamentos de la expropiación y también por el monto de la indemnización.

El conflicto por el Cerro Coronel, y la Antena Coronel, salió a la luz por la disputa que mantienen los privados (Leonardi, exfuncionario de la gestión giojista, junto con su prima Irene) contra la empresa Barrick. Los primeros buscan que la firma haga frente a una deuda millonaria por los años de uso del predio, mientras que los segundos sostienen que tienen una servidumbre de paso que los habilita a estar en ese lugar. En dos instancias, la Justicia le dio la razón a los privados, pero la causa llegó a la Corte de Justicia, la cual decidió suspender los efectos de la sentencia, mientras analiza los planteos de fondo. Un dato no menor es que la empresa minera había sido condenada a pagar un millón de dólares a modo de compensación, pero la Cámara Civil quitó esa multa, lo que ahora también está discutido en Corte.

Leonardi fue exfuncionario en la gestión giojista, al punto de que llegó a ser interventor de Iglesia. Tras esa tarea supo tener un rol en la política al punto de que, en 2019, se presentó como candidato a intendente por la Ciudad de San Juan, bajo el sello de la Nueva Dirigencia.