Unos 30 empleados fueron despedidos de una empresa de seguridad y pelean por el 100% de la indemnización, ya que les ofrecen el 50%

La Subsecretaría de Trabajo será sede hoy, a las 9.30, de una audiencia de conciliación entre un grupo de empleados despedidos y los representantes de la empresa de seguridad Huarpe. Según informó el abogado Roberto Correa Esbry, las personas echadas son unas 30 y la compañía quiere pagarles el 50 por ciento de la indemnización bajo el argumento de que ha disminuido el trabajo y que esa situación no es por responsabilidad del empleador. Sin embargo, el profesional remarcó que la empresa no está atravesando una crisis empresaria, al punto que dijo que se está expandiendo en la actividad minera. Por eso, entre otros puntos, reclama que la compensación sea del 100 por ciento.

No es lo único, ya que Correa Esbry señaló que el despido del personal fue discriminatorio, dado que, anteriormente, habían hecho un reclamo salarial. Por ese motivo, deslizó que puede plantear un agravamiento de la cesantía, lo que implica un incremento de la indemnización en un 50 por ciento.

La empresa Huarpe nació en 2009 y fue fundada por Daniel Cárcamo, quien fue director de Control Operativo del Centro Cívico durante la gestión giojista. La compañía presta servicios de seguridad en el ámbito de la minería, en el Estado provincial y nacional, hospitales, fábricas, industrias, estaciones de servicio, terminales áreas y terrestres y transporte de caudales, entre otros, según indica su página oficial.

Por su incursión en la minería, Cárcamo fue presidente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi) de 2021 a 2023, durante la administración uñaquista, mientras que, en la actual conducción de la entidad, es el segundo vocal.

De acuerdo a la denuncia en el organismo laboral, la empresa planteó una indemnización del 50 por ciento en, por ejemplo, la disminución de servicios contratados por el Ministerio de Salud Pública “reflejados en una reducción horaria y de dos puestos de trabajo en los objetivos”. Además, mencionó “la no continuidad de los servicios brindados en distintos centros de salud”, como el micro hospital Baez Laspiur y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Pocito.

La Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 247, establece que, “en los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245”. Este último es el que la contempla la compensación del 100 por ciento.

Entre otros argumentos, Correa Esbry sostuvo que “no existe crisis empresaria en la empresa Huarpe que justifique evitar pagar el 100 por ciento de las consecuencias del despido”. Además, resaltó que la compañía no ha demostrado que sea imposible brindar tareas en otros objetivos para reubicar al personal.

Incluso, el abogado indicó que Huarpe no acudió a otras soluciones previas antes de llegar a los despidos, como reducciones acordadas de jornadas o suspensiones económicas. Tampoco echó mano al procedimiento preventivo de crisis, el cual está previsto en una ley nacional y sus decretos reglamentarios ante una situación de emergencia.

La disputa comenzará a desarrollarse en la Subsecretaria de Trabajo, que conduce Franco Marchese. A su vez, Correa Esbry también estuvo al frente del organismo laboral y atravesó las gestiones de José Luis Gioja y de Sergio Uñac, ya que la timoneó desde fines de 2011 a 2019. Luego, hasta 2023, fue secretario Legislativo del Concejo Deliberante de la Capital.