ESTE JUEVES
Un mes de prisión preventiva al pastor evangélico y a su cómplice por presuntas estafas con viviendas del IPV
El juez de Garantías Roberto Montilla dictó este jueves un mes de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial para Carlos Alberto Balmaceda y Karina Heredia, acusados de estafar a varios fieles de la iglesia evangélica “El Shaddai” con la promesa de gestionar carpetas para acceder a viviendas del IPV.
La causa se inició en noviembre del año pasado, cuando una mujer comenzó a asistir a la mencionada iglesia, dirigida por el pastor Balmaceda. Dentro del grupo religioso, conoció a Karina Heredia, quien estaba señalada por “tener contactos en el IPV” y aseguró tener conocimientos sobre el sistema de venta de carpetas.
Según la investigación, Heredia ofrecía carpetas a personas que no poseían casa propia, solicitándoles $700.000 para la supuesta gestión, con un adelanto de $350.000. La denunciante entregó ese monto y, como ella, al menos otras seis personas también habrían pagado la misma suma.
Heredia aseguró que las carpetas correspondían a tres barrios, uno en Capital y dos en Chimbas, y que las entregas se realizarían en febrero, marzo y abril de este año. Sin embargo, al llegar esas fechas y no concretarse ninguna adjudicación, las víctimas comenzaron a sospechar del engaño. Cuando una de ellas intentó averiguar qué sucedía, Heredia le respondió que se trataba de una demora administrativa del IPV y que todo se resolvería pronto.
El grupo de WhatsApp de la comunidad, con unas 40 personas, fue clave para que más damnificados compartieran sus experiencias y se confirmara la sospecha. Según la fiscalía, Heredia entregaba comprobantes con membretes falsificados del IPV, firmados por Marcelo Yornet como director, cuando este ya no ocupaba el cargo desde diciembre de 2023, cuando cambió la gestión de Gobierno. Además, en el transcurso de la investigación, se detectó que un número que enviaba mensajes tranquilizadores a los denunciantes pertenecía en realidad al pastor Balmaceda, quien se hacía pasar por una supuesta trabajadora del IPV supuestamente identificada como “Agustina Riveros”.
La mujer imputada se abstuvo de declarar, pero el pastor dio su versión de los hechos. Allí, expresó haber sido “víctima de un engaño” y que “solo había servido como intermediario para que la gente que no tiene casa pueda cumplir el sueño de la casa propia”.
El fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, pidió un plazo de 12 meses para la investigación penal preparatoria (IPP), la inhibición general de bienes y el embargo de las cuentas bancarias, y la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario para ambos imputados.
Las defensas, a cargo de Alejandro Castán (por Balmaceda) y Horacio Merino (por Heredia), rechazaron la prisión preventiva y ofrecieron que sus clientes se presenten periódicamente ante la justicia o en alguna comisaría, o en cuyo caso, de dictarse la preventiva, la misma sea domiciliaria. También, la defensa de Balmaceda consideró excesivo el plazo de la IPP y solicitó seis meses, mientras que el abogado de Heredia no se opuso al término
Pese a los planteos defensivos, el juez resolvió dar lugar al pedido del Ministerio Público: dictó un mes de prisión preventiva en el Penal, el embargo de cuentas y la inhibición general de bienes para ambos, mientras avanza la investigación por defraudación en al menos siete hechos, durante un plazo de 10 meses.