La prepaga Medicus publicó en la Web un fallo en su contra según el cual debe devolver a sus afiliados un sobreprecio en el aumento de cuotas que no había sido autorizado oportunamente por el Gobierno. En este caso corresponden, según se detalla, a cuotas de los años 2011 y 2012, subas que repercutieron desde entonces en el valor de las sucesivas cuotas.
La causa fue iniciada por Lucas Augusto Adamoli contra la prepaga y fue tramitada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N.º 4, a cargo de José Luis Cassinerio. Según informó Medicus, la causa ya tiene sentencia firme y lo ha informado en sus redes sociales. Fuentes de la empresa confirmaron a Clarín el fallo.
Una de las cuotas cuestionadas es la que tuvo vencimiento el 12 de diciembre de 2011, cuando se aplicó un incremento del 9,5 por ciento. La segunda corresponde a la factura con fecha de pago el 10 de mayo de 2012, que tuvo una suba del 5 por ciento.
“Se determinó que Medicus S.A. deberá reintegrarle a los afiliados en la época de los aumentos no autorizados las sumas que surjan de la diferencia entre el monto facturado con posterioridad al mes de diciembre de 2011 y el monto que debía efectivamente abonar sin dicho aumento de cuota y que, dicha suma a determinar, llevará intereses desde la fecha en que se efectuó cada erogación indebidamente facturada por Medicus S.A.”, informó la compañía.
Ese cálculo de intereses, explicó la prepaga, se hará “conforme a la tasa activa vencida que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días”. Y agregó: “Para aquellos beneficiarios que aun se encuentran afiliados a Medicus S.A la suma a compensar será acreditada mediante notas de crédito en las sucesivas cuotas de afiliación y, en el caso de los que no se encuentren afiliados en la actualidad, deberán acreditar dicha condición a los fines de que Medicus S.A efectúe el reintegro”.
Conocido el comunicado de la prepaga, fuentes de la empresa respondieron a la consulta de Clarín y realizaron los siguientes comentarios: "En Argentina existe un cierto carancheo desde los juicios de clase. Por supuesto, todos los juicios de clase son injustos, pero claramente el mecanismo legal que permite catalogar a un juicio como 'acción de clase', es, cuando menos muy vulnerable, entrando temas como 'de clase' que en muchos otros países del mundo no calificarían como tales".
Agregaron: "En ese momento, el secretario de Comercio era Moreno y, aparentemente, no habría publicado y/o firmado la resolución correspondiente autorizando el aumento, una desprolijidad del Estado que vaya uno a saber por qué se produjo, pero en sendas reuniones realizadas autorizó verbalmente esos aumentos. Nadie movía en el sector un precio sin esa autorización".
"De esta situación, casi anecdótica, sale esta 'acción de clase' que nos obliga a devolver ese aumento retroactivo para aquellos socios generales directos no desregulados que hubieran estado en ese momento. Estos cálculos estrambóticos y tirados de los pelos generan cifras potencialmente millonarias. Afrontar estos valores puede volverse impagable para las compañías. Veremos en este caso".
Ante la consulta de si un supuesto "error" u "olvido" burocrático puede haber derivado en semejante demanda, con las consecuencias ahora evidentes, las fuentes de Medicus consultadas respondieron: "Seguramente en la gestión anterior estuvo mal manejado. Habría que haber citado a Moreno como testigo, pero cuando tomamos el control de la compañía la parte probatoria estaba terminada".
Actualmente, Medicus está bajo el control de la familia De All, pero en el momento en que esto ocurrió eran tres familias, junto con los Aufiero y los Pavlosky. En la compañía calculan que serían unas 10 mil personas las que estarían en condiciones de ser recompensadas a partir del fallo. "Lo más difícil de entender es cómo una persona, por los artilugios de la ley, convierte su pleito personal en una 'acción de clase'. Es un disparate".
Fuente: CLARÍN