Se cumple un año del brutal ataque que terminó con la vida de Hebe Yolanda Leguiza

Este 7 de mayo se cumple un año del salvaje ataque que conmovió a toda la provincia de San Juan: Hebe Yolanda Leguiza, de 71 años, fue interceptada por la espalda y golpeada brutalmente con una maza mientras caminaba por calle 25 de Mayo, entre Aberastain y Caseros, en pleno centro de Capital.

El hecho ocurrió minutos antes de las 20 hs. Tras recibir al menos cuatro mazazos en la cabeza, la mujer fue trasladada en gravísimo estado al hospital. Luchó por su vida durante horas, pero finalmente falleció al día siguiente, el 8 de mayo, como consecuencia de los severos golpes.

Ese mismo día, la investigación avanzó con rapidez y permitió identificar al agresor: se trataba de un adolescente de apenas 15 años que fue detenido al mediodía en su domicilio, ubicado en Santa Lucía.

El joven fue declarado inimputable por su edad y, tras permanecer internado durante algunos meses en una clínica psiquiátrica de Mendoza, recibió el alta médica por disposición del Juzgado de Familia, amparado en la Ley Nacional de Salud Mental.

El juez del Juzgado Penal de la Niñez, Jorge Toro, fue el que declaró la inimputabilidad del autor del crimen en razón de su edad y así ocurrió. Fue por ello que, sin la habilitación jurídica para castigarlo con una pena por el delito que cometió, la causa se archivó y las actuaciones fueron remitidas al fuero civil. Allí quien tomó contacto con el expediente fue la jueza que, en un principio, había entendido en el caso, Marisa Valdéz.

En ese momento, las fuentes señalaron que la magistrada dictó varias medidas, entre ellas, ordenar el tratamiento ambulatorio. El mismo consiste en que el menor debe acudir una vez al mes al centro de salud donde fue atendido para una evaluación general de su evolución. También, el adolescente es sometido al seguimiento del gabinete técnico de los juzgados de Familia, al igual que del equipo de psiquiatras de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).

La jueza del Cuarto Juzgado de Familia ordenó que los profesionales articulen con los médicos de Mendoza y con los especialistas que tienen bajo tratamiento a los progenitores del adolescente. Además, designó a una asistente social para que acompañe de forma permanente.

Asimismo, las fuentes manifestaron que las medidas corresponden a hacer un abordaje constante sobre las conductas y la salud mental del chico. En ese sentido, destacaron un punto de inflexión en el trágico hecho. “Antes del suceso, las medidas dictadas fueron en torno a que el menor era víctima de violencia. No se pudo prever que actuaría en la forma en que lo hizo. Ahora, se trata de un menor victimario que debe ser seguido intensa y permanente”, afirmaron.