En la cercanía de las legislativas
El orreguismo elevó la temperatura en su disputa con el PJ, el que prepara un contraataque
La pelea entre el orreguismo y el peronismo en la Cámara de Diputados se venía dando por las diferencias en ciertos temas puntuales, muchos de ellos, con anclaje nacional, que resultan hasta casi lógicas en la dinámica entre oficialismo y oposición. Ahora, con la presentación de cuatro pedidos de informes con los que se sembraron sospechas de irregularidades sobre medidas durante la gestión uñaquista, el Gobierno, a través de sus alfiles, elevó la temperatura de esa disputa. El clima se caldeó de tal forma que la bancada justicialista prepara un contrataque con, también, unos cinco pedidos de informe sobre decisiones del Ejecutivo provincial, según fuentes de ese partido político.
La movida del orreguismo desata múltiples preguntas. ¿Es de tipo electoral, teniendo en cuenta que el Gobierno lleva casi un año y medio de gestión y se vienen las legislativas del 26 de octubre? Desde el oficialismo, se encargaron de asegurar que no tiene ese fin, como el jefe del bloque Producción y Trabajo, Juan De la Cruz Córdoba, entre otros. Que no se hizo al asumir porque los actuales funcionarios estaban armando equipos, que se concentraron en la gestión ante un escenario nacional completamente nuevo y que, con el paso del tiempo, se reunieron elementos, como notas de medios periodísticos, para poder avanzar con los pedidos de informes.
Otro interrogante. ¿Es la guerra o la ruptura total del vínculo entre oficialismo y oposición? Pareciera que no, pese a que hay ánimos enardecidos. Si fuese una jugada para romper todo, el camino habría sido ir a la Justicia. De hecho, la información y documentación que están solicitando los diputados oficialistas se encuentran en los Ministerios y reparticiones que están bajo la conducción de funcionarios orreguistas. Si estos últimos hubiesen detectado irregularidades, tienen la obligación, como funcionarios públicos, de realizar denuncias.
En el Gobierno destacaron que irán a fondo y que se iniciarán actuaciones judiciales si correspondiesen. ¿Es de presumir que, si el oficialismo avanzó hasta este punto, cuenta con los elementos que pueda demostrar irregularidades?
De todas formas, ¿es una estrategia de impacto político? Una vez que se traten los proyectos en el recinto, ¿el justicialismo los aprobará para que se remita toda la documentación y se pueda escrutar la gestión uñaquista? Con sus aliados y los movimientos que se dieron en la última sesión, puede tener la mayoría para obturar los pedidos de informe. Si lo hace, quedaría expuesto en el sentido de no querer mostrar o debatir ejes cuestionados de su último Gobierno.
Ahora, si no se aprueban las iniciativas, el Ejecutivo provincial tiene las herramientas para encarar una investigación interna y de acudir a la Justicia si verificase conductas delictivas.
Si se aprueban los pedidos de informe, inclusive, con el acompañamiento del PJ, ¿qué pasa si no hay nada? ¿Es un traspié del oficialismo?
Por otro lado, hay fuentes oficialistas que entienden que toda la información puede entregarse más allá de las fechas de las elecciones. Es por un tema de procedimiento. Los proyectos pueden tomar estado parlamentario en la próxima sesión, que se prevé para el próximo jueves, cuando, posiblemente, sea derivado a comisiones, sean dos o tres o más.
En esa instancia, se verá a qué velocidad se produce el tratamiento, si hay debate y si sale despacho favorable. El orreguismo cuenta con las mayorías necesarias, a través de aliados. De ahí va a su tratamiento en el recinto y, en la hipótesis de la aprobación, se girará el pedido de informe a las reparticiones del Ejecutivo, las que, luego, deben enviar la información.
Esa respuesta, que puede estar acompañada de copias de la documentación, ingresa a la Legislatura, se toma “conocimiento” y el informe es enviado a cada uno de los bloques. Hasta ahí, la intervención de la Cámara, aseguraron fuentes calificadas, salvo que algún legislador considere que en los expedientes se vislumbre una maniobra delictiva que amerite poner una denuncia en la Justicia.
Claro está, los tiempos pueden acotarse, al igual que si se llegase a decidir que los pedidos de informes se traten sobre tablas, es decir, en el momento en que toman estado parlamentario, eventualmente se aprueben y se envíen a Gobierno para que mande toda la información.
En el orreguismo hubo dirigentes que indicaron que se abre una nueva etapa, dado que venían enfrentando pedidos de informes de la oposición y, ahora, devuelven con la misma moneda. Incluso, puede haber más planteos del oficialismo.
Además, expresaron que la movida obedece a dar respuestas a reclamos ante versiones que circulan de que hubo irregularidades en la pasada administración. Es decir, se piden informes, también, para no quedar como que no se actuó.
En el PJ de la Cámara de Diputados hubo malestar luego de que trascendiera el comunicado oficial del Ejecutivo sobre los pedidos de informes. Incluso, trascendió que también presentarán proyectos de ese tipo vinculados a gastos en el trasporte público de pasajeros, en la Obra Social Provincia, las intervenciones en instituciones como clubes y uniones vecinales.
Después, es otro tema cómo votaran ciertas bancadas. El bloquismo, que fue socio del justicialismo y que tuvo dirigentes en cargos ejecutivos, aunque no de peso significativo, ¿acompañará los pedidos de informes, teniendo en cuenta que, ahora, está alineado con el orreguismo?
Franco Aranda, del Frente Renovador, y Gabriel Sánchez, del sector de Fabián Gramajo, quienes consiguieron sus bancas en alianza con el giojismo, ¿respaldarán los proyectos? Ambos han venido jugando con el oficialismo. El primero suele tomar distancia en ciertos temas puntuales y, el segundo, lo hizo en la sesión pasada, cuando se discutió un tema nacional de impacto local. ¿Fue una señal de acercamiento al justicialismo?
¿Qué hará el libertario Fernando Patinela, quien ha presentado más pedidos de informes sobre la actual gestión que la anterior? Todo está por verse.
Demandas por unos $1.823 millones contra la provincia
Uno de los pedidos de informe tiene que ver con dos inicios de demandas contra la provincia, por la actuación del entonces Ministerio de Desarrollo Humano en el gobierno uñaquista. Una de ellas lleva en la carátula el nombre del demandante (López Gaya, Luis Ernesto) y, en la otra, la que realiza el reclamo judicial es la empresa Total SRL. Ambas se encuentran en la etapa de mediación previa obligatoria y la primera se tramita en el Cuarto Juzgado Civil y, la segunda, en el Noveno, según consta en el proyecto.
De acuerdo a fuentes calificadas, en realidad, uno de los socios de Total SRL es Luis Ernesto López Gaya, quien figura como demandante en la otra causa. En ambos expedientes, el reclamo es por el valor actualizado por la entrega de medicamentos al Ministerio de Desarrollo Humano, de acuerdo al Convenio de Adquisición de Medicamentos y Alimentos Nutricionales firmado entre el Colegio Farmacéutico de San Juan y la cartera social.
En el reclamo judicial que hace López Gaya, pide una compensación económica de cerca de 706 millones de pesos. El que hace la empresa Total SRL (en la que López Gaya es uno de los socios) es por poco más de 1.117 millones de pesos.
Es toda la información que ha trascendido hasta el momento, además de que los planteos judiciales se hicieron este año y que, antes de que se abra el juicio en sede civil, habrá una instancia de mediación entre los abogados de López Gaya y los de Fiscalía de Estado, el organismo que cuida el patrimonio de la provincia.
En el pedido de informe del oficialismo, se plantea el “significativo importe de gastos erogados, los que resultarían improcedentes y que justificarían el no pago de las sumas reclamadas por supuestas irregularidades en precios y formas de contratación “. Así, se solicita “documentación existente que acredite la efectiva prestación de los servicios contratados, y la correcta elección de contratistas en cuanto a idoneidad, precios, alcances y condiciones de contratación. Asimismo, indicar si al respecto se han efectuado tareas de control”.
Los otros proyectos
En los fundamentos de otro de los proyectos, los legisladores del interbloque Cambia San Juan se refiere a “a las posibles irregularidades detectadas en la tramitación de los subsidios al transporte otorgados por el gobierno provincial a las empresas de transporte, nucleadas en ATAP, en los meses de octubre a noviembre del año 2023”. Así, expusieron que “entre las irregularidades que podrían existir destaca la forma de otorgamiento y percepción de los fondos”.
Otro de los pedidos de informe tiene que ver con una publicación de Diario Huarpe en 2024, por lo que los diputados señalaron “el significativo importe de gastos erogados en el año 2023 en concepto de publicidad, propaganda y/o difusión, mediante el sistema de contratación directa a empresas proveedoras del mismo grupo económico y/o mismo propietario y/o administrador sin antecedentes de idoneidad mínimos en el rubro”.
La última iniciativa apunta a que se “brinde información sobre la paralización de las obras de acueducto de Gran San Juan, debido a problemas de calidad de materiales e irregularidades en la subcontratación”.
En todos los casos, se solicitaron toda la documentación y detalles de dichos expedientes.