Dos empleadas de la Municipalidad de Rawson acusadas de desviar dinero, van a juicio

Este jueves, finalmente se llevó a cabo la audiencia de control de acusación contra Marina Mengual Calderón y Soledad Cabeza Amarfil, dos cajeras de la Municipalidad de Rawson, investigadas por presuntos desvíos de dinero ocurridos durante el año 2022, en la gestión del ex intendente Rubén García. Dicha audiencia, debía realizarse el pasado 27 de mayo, pero debió ser suspendida, ya que en esa ocasión se notificó erróneamente a la parte querellante (se le avisó a los ex representantes letrados de la Municipalidad de Rawson y no al abogado de la gestión actual). 

Las mujeres pertenecían a la Dirección General de Rentas y están acusadas por el desfalco de más de medio millón de pesos. Para ser más precisos, más de $750.000.

Las empleadas están acusadas de haberse quedado con dinero de los contribuyentes utilizando una maniobra que burlaba el sistema de rendición de pagos. Según manifestaron fuentes judiciales, ambas estaban en el área de rentas de la municipalidad y se encargaban de realizar el cobro de tasas y contribuciones.

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El mecanismo que usaban para perpetrar la defraudación, según fiscalía, consistía en que no emitían el ticket que impactaba en el sistema, pero sí sellaban los cupones que entregaban a los contribuyentes. Así, daban la apariencia de un pago registrado, pero el dinero nunca ingresaba a las arcas municipales. 

Una de las acusadas habría efectuado esta maniobra en 6 ocasiones, alcanzando un monto de $52.507, mientras que la otra realizó 37 maniobras, recaudando $613.242. Si bien ambas devolvieron los montos una vez comenzada la auditoría interna y el sumario administrativo, el delito quedó configurado y eso no las eximió de la responsabilidad penal. 

Este jueves comparecieron ante el juez de Garantías, Matías Parrón, representadas por su abogado Horacio Rodríguez del Cid y el secretario general del SUOEM, Antonino D'Amico. El primero acusó al municipio de Rawson de maniobras de corrupción, mientras que rechazó la acusación de Fiscalia, descartando cualquier tipo de maniobra delictiva (peculado) realizada por sus patrocinadas. El letrado puntualizó que fue "un error de caja, como pasa en cualquier municipio", por lo que solicitó la inocencia de sus defendidas y la correspondiente absolución.

Por su parte, la acusación estuvo a cargo del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía (quien pidió imputarles el delito de incumplimiento de sus deberes como funcionarias públicas y peculado) y la querella, de parte de Maximiliano Andino.

Mientras que, el magistrado decidió finalmente elevar la causa a juicio, con fecha a determinar.