Caso fraude a Minera Andina: piden anular la declaración de incompetencia de la jueza y que la Justicia sanjuanina trate la causa

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia de impugnación de sentencia por el caso que investiga a Dany Roberto Sarmiento, el empleado minero que trabajaba en Minera Andina del Sol, que por error en la liquidación de la indemnización recibió una suma millonaria que no le pertenecía y se negó a devolver. Además, su esposa, Myriam Muñoz, está involucrada en la causa, como cómplice de la maniobra fraudulenta. 

En la audiencia de formalización ocurrida el 9 de mayo pasado, la jueza de Garantías de San Juan, Gloria Verónica Chicón, se declaró incompetente y resolvió que la causa sea investigada por la Justicia de San Luis, provincia donde se habría cometido el presunto delito, ya que tras recibir los 220 millones de pesos (debía recibir solo 110 millones) en su cuenta ya estando en la vecina provincia, Sarmiento retransfirió la suma a una cuenta de su esposa en una entidad bancaria puntana.

La resolución no dejó conforme a la empresa, la cual, a través de su abogada querellante, Juliana Vizcaíno, impugnó la sentencia y hoy se llevó a cabo una nueva audiencia. 

En primer lugar, la fiscal de Impugnación, Marcela Torres, señaló que no existían elementos para que la causa no sea tratada por la Justicia sanjuanina. Que todo hecho delictivo que se produzca en una jurisdicción (en este caso, San Juan), debe tramitarse en esa misma jurisdicción. 

En ese sentido, solicitó la nulidad de la resolución emitida por la jueza Chicón y que, además, la magistrada sea apartada de la causa, debiendo designar a un nuevo juez para que se haga cargo del proceso. 

La querella, por su parte, adhirió a lo expuesto por la fiscal, pidió que se revoque la declaración de incompetencia de la Jueza Chicón, que se anule el fallo y también, que la jueza de Garantías ya no forme parte del caso. Además, solicitó una recalificación y que tanto a Sarmiento como Muñoz (quienes presenciaron la audiencia vía Zoom desde San Luis, aunque con la cámara apagada por problemas técnicos), sean imputados por delito de estafa por abuso de confianza. 

La defensa, a cargo de Omar Quiroga,r echazó los pedidos de Fiscalía y querella y pidió que la resolución de la jueza Chicón permanezca firme. No negó que existió un perjuicio patrimonial a la empresa, pero que este perjuicio se cometió en San Luis y no en San Juan, ya que las transferencias de dinero se produjeron en la vecina provincia. 

Además, señaló que la intimación judicial a sus defendidos se realizó en San Luis y que el juez natural de la causa, es de esa jurisdicción. Para concluir, anticipó que en caso de que el juez de Impugnación resuelva desfavorablemente contra sus defendidos, se estaría "violando la constitución" al no respetar la "competencia territorial". 

El juez de Impugnación, Renato Roca, tras escuchar a las partes, llamó a un cuarto intermedio para resolver en los próximos días. 

El caso  

Todo comenzó en diciembre pasado, cuando la minera –conformada por Barrick Gold y Shandong Gold– finalizó la relación laboral con Sarmiento, un maquinista con 15 años de antigüedad. En concepto de indemnización, le transfirieron 110 millones de pesos. Días después, debido a un error administrativo, la empresa volvió a transferirle el mismo monto.

Detectado el doble pago, desde la compañía intentaron contactarse con el exempleado para que devolviera el dinero, pero no hubo respuesta. La investigación reveló que Sarmiento transfirió los $110 millones extra a la cuenta de su esposa, lo que derivó en que ambos fueran imputados por presunta estafa. 

Durante la audiencia de formalización del 9 de mayo pasado, la ayudante fiscal Gabriela Blanco y el fiscal Nicolás Alvo, de la UFI de Delitos Informáticos, detallaron que los acusados se habrían apropiado indebidamente de $107.019.000.

El abogado de la defensa, Omar Quiroga, señaló que como sus representados son de la capital de la provincia de San Luis, y la presunta estafa ocurrió en aquel lugar, un juez puntano debía resolver el conflicto judicial.