Antes de montar operativos y ordenar la evacuación, se analizará cada amenaza de bomba

En el marco de la presentación del Plan Provincial de Salud Mental, realizada este jueves, el fiscal general de la Corte, Daniel Galvani, se refirió a las reiteradas amenazas de bomba que se registraron en los últimos meses y adelantó que se reforzarán las medidas de control para evitar movilizaciones innecesarias de personal y gastos operativos.

“Todo esto es tan dinámico que requiere nuestra asistencia permanente. En estos últimos tiempos ha habido varias amenazas de bombas, entonces nosotros, estamos fortaleciendo medidas ya tomadas. Primero para establecer la entidad de la llamada, para no movilizar inmediatamente y no tener que movilizar semejante cantidad de personal, con un montón de gastos que ello implica, no solo de dinero sino también de recursos humanos. Por ejemplo, como ocurrió en un hospital o en el Centro Cívico, donde hay que movilizar y evacuar a un montón de gente”, explicó Galvani.

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Sobre la manera de determinar la peligrosidad de cada amenaza, detalló que se buscará establecer in situ la veracidad de la llamada. “Por una cuestión de práctica que ya tienen las unidades fiscales, tratamos de establecer in situ la entidad de la llamada. Muchas veces son llamadas y uno se da cuenta al escuchar que son de menores o de niños”, comentó.

El funcionario resaltó que se está trabajando de manera coordinada con el secretario de Seguridad y Orden Público y con la ministra de Educación para abordar el problema de manera integral. Además, subrayó la importancia de la concientización: “A todos estos casos que han pasado últimamente y que terminaron en resarcimientos patrimoniales muy importantes, se les ha dado difusión, justamente para que la opinión pública tome conciencia de la gravedad de los hechos. El otro día sin ir más lejos pasó una cuestión y era un menor el que había llamado y a los 40 minutos estaba detectado y ubicado”.

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Respecto de los protocolos, Galvani aclaró que no se busca cambiarlos sino reforzarlos: “No es cambiar el protocolo, sino apoyar y fortalecer las medidas, estableciendo la entidad de la llamada para poder dar una solución y una respuesta en el hecho. Por ejemplo, el otro día pasó un caso parecido y había un evento público en el Estadio Cerrado del Parque de Mayo. ¿Cómo se hacía para desalojar en muy poco tiempo a ocho mil, diez mil personas?”.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de endurecer sanciones para estas conductas, el fiscal general consideró: “Es una cuestión a debatir. Entiendo que los resarcimientos económicos a los que están siendo objeto no es un tema menor y que es para pensar cuando se me ocurra, hablando textualmente, hacer una llamada de esa naturaleza”.