PREOCUPANTE
En lo que va del año, hubo al menos 16 amenazas de bomba confirmadas en San Juan
En los últimos años, uno de los delitos que más ha proliferado en la provincia son las amenazas de bomba. Llamados anónimos, advertencias por la posible presencia de explosivos en edificios públicos y un intenso operativo subsiguiente, son los resultados de estas "bromas" que para las autoridades no tienen ninguna gracia y que cada vez más dolores de cabeza genera. Es que más allá de la actitud de quien realiza la falsa amenaza, el protocolo indica que se debe comprobar y, si es el caso (como siempre, descartar) si hay o no un artefacto explosivo en el edificio señalado. Y ese movimiento y despliegue de fuerzas policiales tiene un costo que no es para nada acotado. Todo lo contrario.
Pero volviendo al hecho en sí, las amenazas de bomba se han multiplicado, particularmente en el último año. Algo que era un caso aislado, un chiste, hoy parece ser de una constante, con hechos que se repiten inclusive hasta dos o tres veces en un mismo día. A continuación, un repaso por los hechos confirmados y también, con el castigo judicial que recibieron los responsables (entre los que hay menores de edad).
El primero del año
La primera amenaza de bomba conocida ocurrió el pasado 6 de marzo y tuvo como blanco al Centro Cívico, edificio que no era blanco de estos "llamadores anónimos" desde octubre de 2024.
"Según fuentes judiciales, primero hubo una comunicación de este hombre afirmando que "va a explotar todo el Centro Cívico". Luego de eso, corta y vuelve a comunicarse a los minutos, diciendo en esta ocasión que "tengo un rehén cerca del Cívico", para luego solicitar "mejores condiciones para los presos que están en el Penal de Chimbas".
Así, pese a que las autoridades señalaron que trataba de una amenaza 'poco fundamentada', se activó el protocolo que rige para este tipo de casos, desalojando al personal que se encontraba en el Centro Cívico.
Días después, Emanuel Lucero resultó detenido, sindicado como el autor de la llamada anónima. Su pareja, Mariela Gómez, también resultó detenida, pero fue sobreseída, ya que no tuvo implicancia en el caso, ya que Lucero realizó el llamado desde el celular de ella sin que Gómez tuviera conocimiento.
El hombre (que había salido del Servicio Penitenciario en enero tras cumplir otra condena), fue sentenciado a la pena de dos años de prisión efectiva, por ser reincidente en el delito. Actualmente, se encuentra alojado en el Penal.
La bioquímica del Rawson
El segundo episodio ocurrió el 3 de junio y tuvo como edificio apuntado al Hospital Rawson. El nosocomio central de la provincia tuvo que ser evacuado casi en su totalidad (solo las áreas con pacientes de alta complejidad o terapias intensivas se mantuvieron al margen), ya que tanto pacientes, personal de salud y administrativo tuvieron que salir del hospital.
La geolocalización arrojó como dato que la llamada había sido realizada en cercanías del hospital y que habría sido efectuada por una mujer. Fue cuestión de horas para que Rosario Cortez, bioquímica de profesiones y empleada del hospital, fuera detenida. Poco después quedó en libertad pero vinculada a la causa.
En julio de este año, recibió una probation por la cual se comprometió a pagar la suma de $4 millones (en concepto de reparación por los costos del operativo policial) y el cumplimiento de tareas comunitarias.
Una amenaza "triple"
Este caso puede considerarse como una amenaza múltiple porque demandó tres operativos. A tan solo 24 horas de lo ocurrido en el Hospital Rawson, un nuevo llamado anónimo generó caos en el microcentro después que las autoridades evacuaran tres establecimientos educativos. Uno en Capital y dos en Rawson.
Finalmente, se determinó que la intención de quien llamó (una menor de edad que quedó a disposición del fuero de Menores) fue alertar a la comunidad educativa de la escuela ubicada en el Barrio La Estación.
Otra escuela blanco de las falsas amenazas. Otra vez, un menor
Solo cinco después del hecho anterior, un nuevo caso derivó en la evacuación por completo de la Escuela Eugenia Belín Sarmiento, ubicada en Villa Krause, departamento Rawson.
El llamado alertando de la presencia de un explosivo en el interior del establecimiento al 911, derivó en que la Policía activara el protocolo de estos casos, llegando hasta el lugar personal de Bomberos para inspeccionar al lugar, pero no encontraron nada sospechoso. Luego las autoridades determinaron que quien hizo la llamada fue una menor de edad.
Un chiste que costó caro
Uno de los casos más resonantes, fue la amenaza de bomba a la Escuela Boero en Capital, ocurrida el 30 de julio pasado. Según se conoció por el director del establecimiento, Javier Carmona, se evacuaron alrededor de 1.500 alumnos, y que le comentaron que la geolocalización del llamado se realizó desde adentro de la escuela.
Finalmente, se determinó que habían sido dos alumnos de la escuela (ambos mayores de edad) identificados como Ricardo Barassi y Tobías Fernández. Ambos estudiantes, que cursan el último año de la especialidad Electromecánica, terminaron imputados como coautores materiales del delito de Intimidación Pública, en perjuicio del orden público.
En la audiencia de formalización, se les concedió la probation, es decir, pero con el compromiso de pagar, entre ambos, una suma total de $4 millones ($2 millones cada uno), que se abonará en seis cuotas iguales y consecutivas de $333.333, con vencimiento del 1° al 10 de cada mes a partir de septiembre de 2025. Además, deben cumplir tareas comunitarias por tres meses.
El show de Lali en San Juan y un gran contratiempo
El viernes 1 de agosto, Lali Espósito se presentaba en San Juan, sin embargo, el show sufrió una demora debido a que minutos antes del show, un llamado anónimo alertó por la presencia de una bomba en el Estadio Aldo Cantoni. “Hemos puesto un artefacto explosivo en el Estadio” y "No queremos que actúe esa negra kirchnerista", fueron algunas de las frases del llamado anónimo. Tras descartarse la presencia de explosivos en el estadio el show se llevó a cabo con normalidad.
Días después, Juan Carlos Salem, de 74 años fue detenido en un allanamiento en su vivienda de La Bebida, en Rivadavia, donde admitió haber hecho el llamado. Fue condenado a la pena de 3 años de prisión en suspenso y a pagar una suma de 10.000 pesos por la tenencia ilegal de un arma de fuego que fue hallada el día del allanamiento.
Mientras tanto, ese mismo día...
En la misma jornada que condenaron a Salem por la amenaza de bomba en el recital de Lali Espósito, la historia se repitió. En este caso, el llamado al 911 sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo se dio contra una escuela, ubicada en el interior del Barrio Valle Grande, en el departamento de Rawson.
Ante este panorama, la Policía y Bomberos entraron en acción con un importante operativo de seguridad, evacuando a los alumnos del turno tarde del establecimiento escolar para hacer un exhaustivo recorrido por el lugar. Luego del mismo, los especialistas confirmaron que no existía ningún explosivo.
El Centro Cívico, otra vez...
El 20 de agosto, el edificio administrativo debió ser evacuado por precaución para que personal policial trabaje en la revisión del edificio. Así, luego de la requisa de rigor, se comprobó que no existía ningún aparato explosivo.
El llamado anónimo se produjo cerca de las 13 horas de este miércoles, por lo que inmediatamente se activaron los protocolos de contingencia. En primer lugar, se retiró a todos los trabajadores del edificio y luego se dispuso un operativo de seguridad en los alrededores.
Luego, personal policial trabajó en el lugar para corroborar o descartar la posible presencia de un artefacto en el edificio administrativo. Bomberos y otras reparticiones policiales trabajaron en el lugar.
Los casos registrados en los últimos 10 días:
- Amenaza de bomba en la Escuela de Enología
- Amenaza de bomba en una escuela agrotécnica de Zonda
- Amenaza de bomba en la Escuela Augusto Pulenta, en San Martín
- Amenaza de bomba en el Centro Cívico (la tercera del año)
- Amenaza de bomba la Escuela Pablo Ramella, en Rawson
Cabe mencionar que estos son los casos confirmados por la UFI Delitos Genéricos y que, además, salieron a la luz, contabilizando alrededor de 16 hechos relacionado a este tipo de llamados. Se estima que, en realidad, el número sería aún mayor, lo que deja de manifiesto la preocupación de la Justicia y la Policía de San Juan, en abordar esta problemática que parece no cesar.