Tras recibir más de 200 nuevas denuncias, este viernes se sumará un tendal de casos contra la pareja acusada de estafar con lotes

A fines de marzo, cuando los empresarios inmobiliarios Denise Robles y Rubén Martín González quedaron detenidos, el Ministerio Público Fiscal, a través de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, sumó una gran cantidad de denuncias por fraude. Así, si bien en el inicio, los empresarios fueron imputados por unos 40 casos, luego se sumaron otras, al punto que se llegó a unos 60 expedientes cada uno. Ahora, y al haber pasado casi 6 meses de la acusación, la UFI acumuló “más de 200 denuncias”, de las cuales algunas serán formalizadas este viernes frente al juez de Garantías. En esa línea, habrá un tendal de causas por estafa que recaerán sobre los imputados y complicarán su situación penal. Desde el MPF confirmaron que la audiencia para ampliar la cantidad de causas y la investigación se dará mañana, probablemente, por la tarde. Hoy, tanto Robles como González, están detenidos en sus domicilios, por un período que vence este sábado, por lo que no se descarta que Fiscalía solicite extender la prisión domiciliaria.

Las denuncias contra Robles y González comenzaron a trascender a principios de año a través de las redes sociales, pero no fue hasta semanas después cuando se radicaron denuncias formales contra ambos. Así, en marzo fueron detenidos y presentados ante un juez de Garantías acusados del delito de estafa a través de proyectos inmobiliarios no desarrollados. Hasta el momento, Robles Bonade cuenta con 59 hechos de defraudación más 6 hechos de desbaratamiento de derechos adquiridos y 1 estelionato (vender más de una vez un inmueble). A su vez, Rubén Martín González carga con 53 hechos de defraudación y 8 hechos de desbaratamiento de derechos adquiridos.

Fuentes oficiales y del Ministerio Público Fiscal confirmaron que la UFI Delitos Informáticos y Estafas cuenta con más de 200 denuncias formuladas contra Robles y González, con la aclaración de que no todas las denuncias corresponden a delitos por lo que no será esa totalidad hechos nuevos que se formalicen este viernes contra los imputados. Desde la UFI, bajo directivas de Guillermo Heredia, no quisieron brindar detalles de qué cantidad de causas se presentarán contra la pareja, pero será un tendal que se sumará a las que ya existen, por lo que no se descarta que fiscalía solicite otras medidas como extender el plazo de prisión domiciliaria y ampliar el tiempo de investigación penal preparatoria, la que, originalmente, se fijó en 12 meses.

La causa contra la pareja de empresarios es compleja ya que también suma expedientes civiles iniciados por clientes que buscan recuperar el dinero aportado a los proyectos inmobiliarios que finalmente no se desarrollaron. Así, se supo que González cuenta con 21 demandas en su contra y Robles 23. El primero ya posee, al menos, cuatro condenas y una de ellas es la que se resolvió en mayo pasado cuando el titular del Quinto Juzgado Civil, Pablo Farina, ordenó el remate de un inmueble ubicado en el Barrio Olivares de Natania, en Rivadavia. En base al expediente, la subasta se hizo el 6 de marzo y un interesado pagó 115 millones de pesos, monto que sirvió para cubrir algunas de las demandas presentadas. A su vez, la justicia determinó que González cuenta con 39 propiedades a su nombre, inmuebles que fueron todos embargados en la causa penal. Por su parte, Robles cuenta con 7 propiedades registradas como propias, unidades que también están embargadas.

Según la postura de fiscalía, la pareja se presentaba como propietarios de empresas “ficticias”, como Anhelo Desarrollo y Roma Edifi. Así, ofrecían desde lotes urbanizados listos para construir; pasando por la entrega de un lote, más la construcción de una vivienda o departamento, hasta el ofrecimiento de una casa construida o a medio terminar para la venta. Todo ello a cambio de una suma de dinero o un vehículo.

El fiscal Heredia había destacado que la presunta maniobra delictiva se configuraba debido a que los contratos que los imputados firmaban con sus clientes eran “de imposible concreción”. Es que, según se relató en la audiencia, vendían lotes que no se encontraban a su nombre, fingiendo que eran los propietarios. Además, promocionaban terrenos que sí estaban a su nombre, pero que se encontraban embargados. Así, el fiscal sostuvo que el desarrollo inmobiliario se había vuelto de imposible concreción y que se vendía el mismo lote en reiteradas oportunidades a diferentes compradores.