Tras una cumbre, Fiscalía cedió para que el Estado participe en causas donde entienda que se vio afectado el patrimonio provincial

A primera hora de este miércoles, en el despacho de la Fiscalía General de la Corte, en el palacio de Tribunales, el Fiscal de Estado de la provincia, Sebastián Dávila, se reunió con Daniel Galvani, el actual jefe provisorio de los Fiscales. La cumbre había sido programada, luego de un duro cruce entre ambos organismos. El primero entendía que la entidad que defiende los intereses de la provincia, no debía ser parte en las causas penales, como las de amenazas de bomba, donde el Ejecutivo tiene un particular interés en recuperar los costos de los operativos. Incluso, una jueza tomó participación y resolvió a favor de la provincia dejando a fiscalía en una débil posición, ya que, de mantener la negativa debería apelar esa resolución ante un Juez de Impugnación. Bajo ese escenario, Galvani y Dávila se reunieron y según pudo conocer este medio, la charla fue cordial, hubo buen diálogo y un acuerdo para trabajar de manera coordinada en las causas penales con intervención de Fiscalía de Estado. Así, según explicaron desde este último, el Ministerio Público cedió para darle participación a la provincia en los expedientes, incluso, con el intercambio de información entre ambas entidades para que los trámites sean más ágiles.

El cruce entre el Ministerio Público y Fiscalía de Estado, llamó la atención en Tribunales, al punto de que no existen antecedentes de una postura tan enfrentada y que haya derivado en que una jueza dicte un fallo a favor de uno o de otro. En este caso, la magistrada Carolina Parra, resolvió darle participación a la provincia como parte querellante, esto es, que pueda solicitar medidas y acusar. El conflicto se dio en una causa sensible: la de Axel Muñoz, un joven acusado de hacer tres llamados por artefactos explosivos en una escuela de Rawson. La provincia viene interviniendo activamente en cada una de las cusas por amenazas de bomba, al punto que decidió promover acciones civiles para recuperar el costo de los operativos, demandas que ascienden a unos 18 millones de pesos cada una. Consultado sobre este punto, el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, indicó que hasta el momento se han iniciado seis expedientes civiles, tienen tres más listas por presentar y cada una tiene montos que van entre los 18 a los 20 millones de pesos.

Sobre la cumbre, la reunión había sido adelantada por Galvani, confirmando que el encuentro se iba a dar este miércoles a las 8.30. Consultado, el Fiscal General de la Corte Provisorio, la consideró una “reunión de trabajo” porque “siempre hemos tenido una excelente relación con Fiscalía de Estado”. Además, sobre las causas por amenazas de bomba, dijo que “es un tema candente, dinámico y están surgiendo cuestiones todos los días”. Así, explicó que “atento a que la jueza Parra falló a favor de la provincia, amerita que tengamos una reunión para coordinar, articular acciones en estos casos”.

Consultado sobre la cumbre, Dávila indicó que se definieron “algunos detalles de actuación para que podamos tener una intervención coordinada y sin problemas”. Así, explicó que “vamos a intercambiar mails con el contenido de los legajos en los que pudiere verse afectado el interés de la Provincia, a los fines de tener agilidad en los trámites”. Lo que implica el Ministerio Público cedió para que el Estado tenga participación en las causas penales donde se entiende que hay perjuicio en los recursos provinciales.

Por su parte desde la fiscalía General de la Corte confirmaron que la reunión fue “con buen diálogo”, “cordial” y que “está todo bien” entre ambos organismos, al punto que trascendió que no tendrían intención de apelar el fallo de la jueza Parra. Desde el Ministerio Público entendían que el Estado buscaba participar incluso en causas en las que el perjuicio contra el Estado es mínimo, inexistente o que no se ha probado. Incluso, cuestionaron que amaguen con planteos de nulidades, que pueden demorar los procesos.

Tras la reunión, trascendió que desde el Ministerio Público entendieron que eso no va a ocurrir y que Fiscalía de Estado tomará intervención en las causas principales y no las menores, lo que permitiría, por ejemplo, que las causas de Flagrancia en las que se imputa la rotura de movilidades por el traslado de detenidos, puedan avanzar rápidamente, incluso, con un acuerdo entre fiscalía y la defensa del imputado, lo que se podría ver demorado si interviene el Estado.