Disputa interna
Polémica y retraso en la definición de la libre opción de obra social en la UNSJ, por lo que un gremio aseguró que irá a la Justicia
El jueves, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) trató el pedido del gremio del personal no docente APUNSJ de libre opción de obra social para que cualquier trabajador no se vea obligado a afiliarse a DAMSU y pueda escoger a OSFATUN. Sin embargo, cruces y polémica en el medio, no hubo definición y todo quedó por resolverse en una próxima sesión el año que viene, con fecha a determinar. Frente a esa demora y la falta de resolución de un tema que se debatió años atrás, el secretario General de APUNSJ, Daniel Durán, aseguró que acudirán a la Justicia Federal para que se permita la libertad de elección, lo que está avalado por jurisprudencia y doctrina nacional.
La embestida de APUNSJ es contra la Universidad, dado que, automáticamente, deriva a todos los empleados a la obra social DAMSU. Es un reclamo que ha recobrado fuerza desde septiembre, pero que ya tuvo antecedentes hace 11 años en los que tampoco hubo respuestas.
Por otro lado, está la postura de la obra social universitaria, cuyo presidente, Alfredo Russo, resaltó que la libre opción sería, para DAMSU, una libre salida de afiliados, lo que “complicaría sensiblemente las finanzas”. Es que, según sostuvo, un afiliado que se va no podría volver a la entidad si quisiese ni pueden incorporar trabadores de otros sectores, debido a impedimentos legales. La entidad cuenta con unos 14.500 beneficiarios, entre sus afiliados y sus grupos familiares.
En la sesión del jueves, los consejeros de la UNSJ concluyeron que no podían decidir sobre el tema ese mismo día, dado que debían estudiarlo con tiempo, por lo que hubo dos mociones: una, para definirlo el 11 de diciembre y, otra, el año que viene. La primera era la que, en última instancia, avalaba el gremio APUNSJ, la que fue apoyada por el rector Tadeo Berenguer; el decano de Exactas, Jorge Castro; y el director de la Escuela de Ciencias de la Salud, Ángel Pinto; los no docentes y alumnos.
El resto de los decanos (Marcelo Lucero, de Sociales; Andrea Díaz, de Ingeniería; Myriam Arrabal, de Filosofía, y Carlos Herrera, de Arquitectura) y consejeros docentes se inclinaron por la segunda alternativa.
Durán sostuvo que la decisión es “dilatoria” y explicó que, de acuerdo a la actualización de la ley de procedimiento administrativo, transcurridos 60 días sin que haya una respuesta de la UNSJ al pedido de APUNSJ, se está en condiciones de considerar que la sesión del jueves del Consejo Superior fue la definitiva y que se denegó el planteo por una falta de definición.
El plazo máximo vence el 19 de diciembre, por lo que un encuentro para el 11 de ese mes, como se había planteado en una de las mociones, estaba dentro de los límites. Pero, al pasarse al año que viene, el titular de APUNSJ destacó que “vamos a recurrir a la Cámara Federal de Mendoza”, que es la instancia que “la ley prevé para las resoluciones definitivas de los Consejos Superiores o de las universidades”.
El objetivo, indicó Durán, es que se cumpla la ley de Obras Sociales Universitarias (24.741), la cual garantiza “el derecho de los trabajadores universitarios a la libre elección de la obra social”.
Luego de la solicitud de libre opción de APUNSJ, realizado el pasado 22 de septiembre, hubo dictamen de la Dirección de Asuntos Legales, que conduce José Luis Miolano, que le sugirió al Consejo Superior que saque una ordenanza en la que “disponga otorgar al personal dependiente de la UNSJ (sea Docente o Nodocente), cualquiera sea su categoría y situación de revista, la posibilidad de optar por su afiliación a OSFATUN”.
El dictamen generó un contrapunto, con la consejera María Verónica “Marita” Benavente, exsecretaria de Ciencia y Tecnología de la gestión uñaquista, a la cabeza. Según las fuentes, expresó su desconfianza de la opinión legal de Miolano, debido a que, en 2015, había emitido un dictamen en sentido contrario al que realizó en octubre pasado.
En ese sentido, las fuentes explicaron que el tema viene de arrastre de 2014. En ese año, la propia OSFATUN había esgrimido la necesidad de la libre opción de obra social, pero el Consejo Superior de entonces no sacó una resolución ni denegatoria ni favorable, sino que quedó a la espera de la reglamentación del artículo 1 de la ley de Obras Sociales Universitarias, que es lo que sostiene DAMSU.
En 2015, un grupo de unos 40 trabajadores no docentes pidieron la libertad de elección de obra social y el Consejo pidió la opinión de la Superintendencia de Servicios de Salud, la que resolvió a favor de la libre opción.
Incluso, el órgano legislativo universitario consultó sobre el tema a la Procuración del Tesoro de la Nación, el que solicitó información adicional, pero nunca se envió, destacaron las fuentes.
Además, de esos antecedentes, en 2018 hubo un fallo judicial de la Cámara Federal de Córdoba que, en un caso concreto por un reclamo de OSFATUN, avaló la libre afiliación. Asimismo, en 2021 apareció un artículo (y hasta ahora único) de doctrina especializada en el tema que respaldó la misma postura.
Por eso, las fuentes señalaron que Miolano contestó, ante el cuestionamiento que recibió, que resulta “increíble” que se dijera que la situación fáctica no había cambiado en 10 años, a la luz de la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, un fallo judicial y la doctrina especializada.
De esa manera, sostuvo que mantener el criterio que había tenido en 2015, cuando las circunstancias administrativas y judiciales han cambiado, sería un acto de necedad. Así, dejó en claro que el cambio de postura apunta a evitar una derrota segura en los tribunales federales.
Por su parte, Russo, titular de Damsu, explicó que los afiliados que se fuesen a OSFATUN no podrían volver. Así, manifestó que todo aquel que quiera cambiar de obra social debe completar un formulario online e indicar la que prefiera, la que cuenta con un código. La obra social universitaria no cuenta con un código, ya que está excluida, por ley, del registro de obras sociales sindicales.
En ese punto, Durán expresó que eso “es verdadero desde lo teórico, pero falso desde lo práctico”. Es que señaló que la UNSJ, que tiene la facultad de liquidación, puede dar de baja al trabajador de una obra social sindical, a pedido del interesado, y hacer la transferencia en forma directa a DAMSU, “como se hace actualmente”.
Además, Russo indicó que la ley y el estatuto de DAMSU establecen que “no podemos incorporar afiliados de otro sistema”, sino a los trabajadores no docentes, docentes y autoridades universitarias.
En ese contrapunto, el titular de APUNS sostuvo que la ley de Obras Sociales Universitarias contempla la opción de incorporar afiliados de otras ramas de actividad por el mecanismo que ellos consideren necesario. Así, puso de ejemplo que DAMSU ha sumado, por convenio, a los trabajadores de OSSE.
Por otro lado, Durán resaltó que los abogados del gremio están analizando si el “silencio de la administración”, es decir, no haber resuelto el planteo, implica una aprobación del pedido. En el caso de que fuese así, solicitarle a la UNSJ que ponga en práctica la libre elección. Y, de no cumplir, también acudir a la Justicia.
De manera rápida, el sindicalista remarcó que esta semana harán una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud debido al incumplimiento en el que incurrió la UNSJ de la libertad de opción de obra social. Se trata de un trámite administrativo ante el órgano competente, en una especie de vía paralela al reclamo judicial.