DECISIÓN
El estudio de abogados del ministro de Justicia renunciará a la defensa del financista cercano a Chiqui Tapia
En las últimas horas, se conoció la noticia que el estudio jurídico del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lleva adelante la defensa de Ariel Vallejo, un empresario del sector financiero ligado al presidente sanjuanino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
Vallejo, titular de Sur Finanzas, enfrenta una investigación por presunto lavado de activos y estaba representado por Augusto Nicolás Garrido y Pablo González, abogados del estudio de Cúneo Libarona, aunque, según pudo confirmar TN, ambos renunciarán.
Fuentes cercanas aseguraron a este medio que Vallejo es un cliente antiguo del estudio y que dichos abogados “se presentaron solo en una causa menor y van a renunciar”.
Garrido y González lo representaban en la causa por presunto lavado de dinero que se investiga en la justicia en lo Penal Económico.
La situación judicial de Vallejo se vuelve cada día más compleja. En las últimas horas, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del empresario y de 14 sociedades vinculadas, en el marco de una causa que instruye desde 2021 por maniobras para la compra del dólar oficial en medio del cepo cambiario.
La medida incluye un pedido de información sobre las otras investigaciones abiertas contra Vallejo y nuevas diligencias encomendadas a la Gendarmería.
la causa que lleva Capuchetti revisa una presunta maniobra para sortear el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de hacerse de dólares mediante mecanismos alternativos al mercado oficial.
La investigación comenzó por movimientos presuntamente incompatibles con la operatoria declarada de Sur Finanzas, una firma que en la última década logró una presencia creciente en el circuito financiero paralelo y en el mundo del fútbol.
Con esta decisión, Capuchetti sumó presión sobre el entramado societario asociado a Vallejo y pidió copias de las demás causas en curso, con el objetivo de integrar información y detectar coincidencias en las operatorias investigadas.
La medida, según indicaron en tribunales, apunta a reconstruir la ruta del dinero y establecer si hubo un patrón común entre las distintas acusaciones que atraviesa el financista.