Alquileres ilegales en La Granja: dos involucrados fueron condenados y el restante será evaluado por junta médica

Pasaron varios meses desde que se formalizó la causa por los alquileres ilegales de las instalaciones deportivas del predio deportivo conocido como La Granja, ubicado en el departamento Santa Lucía, y este lunes se llevó a cabo un juicio abreviado que terminó con dos condenados y un tercer imputado en evaluación médica.

El fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, dialogó con Radio Light y confirmó que durante la jornada de hoy se arribó a un acuerdo entre fiscalía y defensa, que luego fue homologado por el juez de Garantías, Alberto Caballero.

De esta manera se aplicó una pena contra los ex directivos del Centro de Educación Física N.º 20 Mario Sanz y Daniel Samat. En tanto, el fiscal detalló que a Sanz se lo condeno por dos años de ejecución condicional, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y Samat por tres años de ejecución condicional, también con inhabilitación perpetua.

Según la imputación, entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de septiembre de 2021 Sanz, Samat y el tercer imputado, Miguel Jofré, organizaron un sistema estable, continuo y clandestino para alquilar canchas y servicios del Centro de Educación Física N.º 20, sin autorización administrativa, sin registro contable y sin ingresos al Estado. El predio incluía canchas de hockey, atletismo, básquet y fútbol, además de la pileta, el estacionamiento y servicios como iluminación y agua.

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La maniobra se sostenía mediante la fachada de la Cooperadora Escolar del CEF, presidida por Sanz —con mandato vencido—, que facilitaba talonarios y recibos en los que se simulaban “contribuciones voluntarias” que en realidad eran cobros por alquileres ilegales.

Micheltorena precisó que la imputación contra Mario Sanz y Daniel Samat, incluye peculado, administración fraudulenta agravada por fraude a la Administración Pública, estafas reiteradas a particulares y participación necesaria o coautoría, según el rol de cada imputado. 

El fiscal también señaló que la maniobra económica es difícil de cuantificar, aunque existen indicios firmes: “Los imputados acompañaron aproximadamente 810 recibos y, al secuestrar una computadora, encontramos 36 archivos de Excel con al menos 5.500 operaciones registradas”. Según la documentación capturada, solo en 2021 el perjuicio rondaría el millón tres mil pesos aproximadamente, aunque el daño total sería muy superior.

Respecto del tercer imputado, Micheltorena explicó que Miguel Jofré no firmó el abreviado y presentó una declaración de incapacidad procesal. “Hace unos 15 días pidió ser declarado incapaz para afrontar el juicio. Solicitamos una junta médica compuesta por profesionales del cuerpo Médico Forense y del hospital Marcial Quiroga, para determinar si existe una afectación real o si se trata de una simulación”, afirmó. La defensa pidió suspender el debate y el Ministerio Público Fiscal apoyó la medida para evitar futuras nulidades.

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Mientras tanto, Sanz y Samat quedaron formalmente condenados con penas condicionales e inhabilitación perpetua, mientras Jofré deberá aguardar el resultado de la junta médica para saber si podrá enfrentar juicio.