El Fiscal de Estado va con todo: "Si hay investigación por corrupción en las gestiones anteriores, nos haremos parte"

La polémica por la obra del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que el abogado y líder del GEN, Marcelo Arancibia, presentara una denuncia en la UFI Delitos Especiales para que se investiguen presuntos hechos de corrupción en los dos periodos de gobierno de Sergio Uñac, entre 2015 y 2023.

Frente a este escenario, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, habló en el programa Demasiada Información por Radio Light y explicó cómo podría actuar el organismo en caso de que la Justicia considere que existen elementos para avanzar. “He visto las noticias. Lógicamente que si se presentó hoy la denuncia deberá pasar al estudio del Ministerio Público Fiscal de la UFI Delitos Especiales, en este caso, y a partir de ahí realizar el abordaje. Por lo que he estado leyendo, involucra el patrimonio de la provincia; de ser así, deberemos constituirnos como parte querellante”. Y agregó “si hay investigación por corrupción en las gestiones anteriores, nos haremos parte”. 

Consultado sobre si intervendrán en caso de que el Ministerio Público Fiscal detecte sospechas, Dávila fue claro: “Claro, si consideran que el proceso puede avanzar en la denuncia, nosotros tomaremos cartas en el asunto, nos constituiremos como parte querellante y tenemos que analizarlo, ver si alcanza o no con los elementos que haya en el legajo”.

Uno de los temas planteados fue la posible utilidad de los informes que la Cámara de Diputados solicitó al Ejecutivo -especialmente aquellos relacionados con OSSE y la obra del acueducto-. Dávila sostuvo que “todo aquello que haya sido constituido en los expedientes, debe estar en los expedientes administrativos, que se deben haber reunido para hacerse estas contrataciones. Esos informes seguramente serán parte de la denuncia”. No obstante, aclaró que “el que conduce la investigación, en este caso, es el Ministerio Público Fiscal. Nosotros podemos aportar desde nuestra parte, pero el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal que corresponda, hará los pedidos pertinentes”.

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Respecto de si Fiscalía de Estado había detectado irregularidades previamente, Dávila explicó: “A nosotros formalmente no nos ha llegado ninguna circunstancia o instancia que nos permita elevarlo a la justicia por el momento”. Y añadió: “Nosotros recibimos los expedientes y en función del contenido evaluamos; nosotros no formalizamos las denuncias, sino que quienes la tienen que hacer son los funcionarios que intervienen en esos procesos administrativos. En este caso no nos ha llegado todavía nada por el momento. Pero ya estando en la justicia, y formulada la denuncia, en este caso, por el doctor Arancibia, lógicamente tendremos que abocarnos y adelantar todo este procedimiento administrativo para intervenir en el ámbito judicial”.

Dávila también detalló el mecanismo mediante el cual Fiscalía podría ser convocada a participar: “Generalmente, cuando el delito involucra cuestiones patrimoniales del Estado, se los notifica, lo que debería hacerse es corrérsenos traslado. Cuando el fiscal entiende que está involucrado el patrimonio de la provincia, entonces se nos notifica y nos hacemos parte”. Y agregó: “Tengan en cuenta que también lleva un proceso de estudio dentro de la UFI, entonces a partir de ahí ellos meritarán si corresponde o no que nos corran vista”.

Consultado sobre si la notificación depende de que Fiscalía considere que hay un delito, respondió: “Lógicamente, si ellos entienden que con los elementos aportados puede haber la ocasión de un delito, se corre traslado para que el Estado se haga parte y defienda el patrimonio estatal”.

En cuanto a las declaraciones del ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, quien sostuvo que “la obra no estaría, pero los pagos sí están”, Dávila respondió: “Sí, pero yo no soy especialista en cuestiones técnicas de obra... desconozco el avance tanto en una cuestión como en la otra. No sé qué tanto podría haber avanzado los pagos y eso va de la mano de las certificaciones de obra que puedan haber habido ante el Ministerio de Infraestructura”.

La denuncia de Arancibia

El escrito presentado ante la UFI Delitos Especiales señala que en la obra del Acueducto Gran Tulum podrían haberse cometido los delitos de violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita administrativa y defraudación al Estado.

Arancibia apunta al exgobernador Sergio Uñac, hoy senador, y al exfuncionario Gustavo Monti como responsables de las presuntas maniobras.