Tras conocerse el proyecto por glaciares, el ministro Fernández critico la gestión anterior: “Uñac hizo poco y nada por la minería”

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, cuestionó con dureza a la gestión provincial anterior tras conocerse que el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Glaciares. En ese contexto, el funcionario aseguró que durante el gobierno de Sergio Uñac la minería no fue una prioridad y afirmó que “hizo poco y nada” para destrabar una normativa que, según sostuvo, perjudicó a la provincia. 

Al referirse a la falta de avances en los últimos años, Fernández expresó en el programa Demasiada Información, Radio Light que “no hubo una decisión política de avanzar decididamente con esto, particularmente durante la gestión de Uñac. En el caso del ingeniero Gioja tuvo, quizás, una posición muy clara porque le tocó el momento en que se debatió esta ley y nos consta a todos de que hizo todo lo que estaba a su alcance para poder enderezar algo que empezaba a torcerse. Pero también hay que decir que era su propio espacio político el que promovió este tipo de iniciativa y su espacio político no logró darle un sentido claro a esta legislación. En el caso de Uñac, francamente yo soy de los que opinan que Uñac no hizo mucho o hizo poco y nada por la minería y claramente no fue un tema prioritario en su agenda”.

En esa misma línea, agregó que la falta de definiciones fue transversal a distintos gobiernos y que los resultados están a la vista. “Evidentemente. Su espacio político, sobre todo en el último gobierno con Alberto Fernández que le tocó gobernar, incluso a pesar de haber tenido un secretario de minería de la provincia, no pudo enderezarse esta cuestión. Entonces los resultados creo que hablan por sí solos”, afirmó.

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Consultado sobre el rol de la provincia en la iniciativa, el ministro remarcó la participación activa del gobierno sanjuanino y el liderazgo del gobernador Marcelo Orrego. “Aquí hay dos planos que han sido relevantes en la participación de San Juan. Uno es, desde lo político, el liderazgo político del gobernador. Ha sido el primer gobernador en plantear con insistencia y diría al último, casi hasta el cansancio, la necesidad de abordar una solución en esta temática”, explicó.

Según Fernández, la postura provincial nunca fue confrontar con la Ley de Glaciares, sino clarificar su alcance. “No hay necesidad de pelearnos con la ley de Glaciares, tratamos de aclarar cuál es el sentido original de protección, el objeto original que se buscaba proteger, aclararlo y a partir de esa aclaración también un planteo fuerte en que sean las provincias quienes recuperen también potestades que por constitución le son originarias. Y con ese criterio se ha ido trabajando, porque entendíamos que no teníamos que atacar el objeto protegido de la ley, sino simplemente clarificarlo”, señaló.

En ese sentido, agregó: “El gobierno nacional entendió que lo más seguro era esto, hacerlo con un respaldo del parlamento y siguiendo ese mismo criterio que habíamos planteado de no pelearnos con la ley, sino simplemente aclararla y devolver a las provincias sus facultades”, y mencionó “la provincia era hoy la que se veía más perjudicada de todas las provincias mineras a la hora de poder avanzar con distintos proyectos, no solo en la faz minera, sino también la Ley de Glaciares afectaba potencialmente otro tipo de actividades económicas que se desarrollaran en los ambientes indefinidos que se pretendía proteger”.

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En relación con el tratamiento legislativo, descartó que el proyecto tenga un trámite exprés. “No es intención del gobierno nacional un trámite express para la ley, porque el país tiene suscripto una serie de pactos internacionales en materia ambiental. De ninguna manera, acá se busca modificar el objeto protegido, acá lo que se está haciendo es aclarar el objeto que se pretende proteger”, explicó, y agregó que el debate parlamentario podría extenderse hasta febrero o incluso marzo.

El ministro también se refirió a los cambios que propone la normativa en cuanto a las competencias de las provincias y los estudios técnicos. “Esta es una Ley de Presupuestos mínimos, lo mismo que la Ley General de Protección del Ambiente a nivel nacional. En el caso de la Ley General de Ambiente, las autoridades de aplicación competente en cada jurisdicción son las provincias. No se está alterando ninguna práctica normativa previa en el país, sino que simplemente se está ordenando y volviendo a la normalidad, algo que ya estaba”, indicó, al tiempo que remarcó que “las provincias podrán participar junto al IANIGLIA en el mantenimiento del Inventario de Glaciares”.

Fernández aseguró que San Juan cuenta con capacidad técnica para avanzar en los estudios necesarios. “San Juan ya tiene experiencia en eso. Tiene de hecho dos institutos universitarios, uno en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas, el Instituto de Arqueología, y otro en el ámbito de la Facultad de Ingeniería, que es el Instituto de Hidrología”, explicó, y recordó el glaciar del Pachón que ya tiene estudios de nivel 2 y 3, y mencionó que se está haciendo lo mismo con un glaciar del proyecto José María.

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Respecto a los tiempos que demandará la aplicación de la ley, fue cauto. “No, ni rápido, ni inmediato. Son estudios que requieren algunos meses entre la preparación y la realización y la obtención de resultados. Son costosos”, aclaró, y señaló que deben realizarse principalmente en primavera y verano.

Finalmente, el ministro se refirió al impacto del RIGI y de la clarificación de la Ley de Glaciares en las inversiones mineras. “Nosotros ya estamos trabajando con algunas de las empresas que entendemos que tienen las condiciones y los respaldos financieros para avanzar. En el caso de Vicuña, la presentación del RIGI es un cambio sustancial porque implica que la empresa va a duplicar durante 2026 la inversión realizada en 2025. La empresa estima llegar a invertir cerca de mil millones de dólares y todavía no estamos hablando de la efectiva construcción de la mina”, señaló, y agregó que “esta orientación empieza a dar señales de avances en un sentido más concreto, que es lo que todos esperamos”.

No obstante, aclaró que no habrá grandes obras en el corto plazo. “Está claro que no tenemos que esperar el inicio de ninguna construcción de envergadura durante 2026. Eso no va a ocurrir. Salvo lo que estamos viendo a pequeña escala, como fases en Veladero, Casposo o una mina inicialmente pequeña como Gualcamayo, las minas de cobre no van a empezar su construcción en 2026”, sostuvo.

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Sí anticipó movimiento previo en infraestructura. “Los movimientos se van a empezar a dar en las infraestructuras habilitantes. De hecho, Vicuña ya empezó a generar movimientos en la construcción del camino. Vamos a empezar a ver durante 2026 obras vinculadas a caminos y a infraestructura de energía eléctrica”, explicó. En ese sentido, remarcó la magnitud de la inversión: “En el caso de Vicuña, el presupuesto aprobado es de casi mil millones de dólares. Para dimensionarlo, el presupuesto de la provincia es de dos mil millones de dólares, estamos hablando de una inversión equivalente al 50% del presupuesto provincial”.

De cara al mediano plazo, Fernández proyectó el inicio de las grandes obras para 2027. “Yo creo que 2027 es probable que empecemos a ver fases iniciales, salgamos de estas etapas de preconstrucción en las que se incluyen todas las infraestructuras habilitantes y podamos empezar a ver quizás la construcción de alguna de las minas de cobre”, afirmó. En el caso de Vicuña, confirmó que “las empresas cuentan con el capital necesario, que es capital propio de las socias, BHP y Lundin”, y explicó que el principal requerimiento fue “la clarificación de la Ley de Glaciares y avanzar en un acuerdo integral con la provincia vinculado al tratamiento de regalías y fideicomisos, un camino que ya venimos recorriendo con la empresa”.