INVESTIGACIÓN
Levantaron el secreto de sumario y buscan el origen del dinero de la casaquinta en Pilar vinculada a Chiqui Tapia
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky levantó hoy el secreto de sumario en la investigación por supuesto lavado de activos y uso de testaferros para comprar una lujosa casaquinta en Pilar, atribuida a altas autoridades de la AFA y citó a una reunión de trabajo al titular de la DGI Mariano Mengochea.
La decisión fue adoptada tras un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial, quien solicitó expresamente avanzar con medidas orientadas a reconstruir el hecho precedente del presunto lavado de activos, con el eje en la trazabilidad tributaria, societaria y financiera “hacia atrás” de todas las operaciones documentadas vinculadas a la propiedad y también a otras dos ubicadas en un barrio privado, explicaron fuentes judiciales a Infobae.
Entre otras medidas, se pidieron las filmaciones de cámaras de seguridad en las adyacencias de la mansión de Villa Rosa, ante versiones que indicarían que días antes del allanamiento judicial sacaron caballos y algunos vehículos.
Lee también: Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas y será indagada por ocultar material de investigación
“En un extenso escrito entregado al juzgado el martes último, la fiscalía puso el eje en buscar la ‘trazabilidad tributaria’ de las operaciones bajo sospecha.” Esto ocurrió luego de que la Coalición Cívica amplió la denuncia penal.
El juez convocó para este viernes al titular de la DGI a una reunión de trabajo en el marco del carácter de auxiliar de la Justicia que tiene el organismo y para determinar la manera en que se hará la recolección y análisis de documentación contable y societaria considerada relevante para la pesquisa, en base a un paquete de medidas de prueba que dispondrá de manera inminente.
Sociedades bajo la lupa
El secreto de sumario se impuso en la tarde-noche del martes último y se extendió durante el feriado de Navidad para llevar adelante medidas de prueba puntuales, como un allanamiento a un estudio contable vinculado a los supuestos testaferros, el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Conte.
Los principales imputados son Pantano y su madre, integrantes de Real Central SRL, la sociedad que figura como titular formal de la mansión ubicada en Villa Rosa y de otras dos viviendas en el barrio privado Ayres del Pilar. Ambos deberán justificar el origen de los fondos utilizados para adquirir y mantener esos bienes y fueron convocados el próximo lunes para un descargo que podrá ser escrito o presencial.
Lee también: Tras los allanamientos por la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a Chiqui Tapia, la AFA emitió un comunicado
La línea investigativa central apunta a establecer quién solventa efectivamente los gastos operativos de las propiedades: expensas, servicios, seguros, mantenimiento y movilidad. “En el caso de Ayres del Pilar, se detectó que las expensas eran abonadas en efectivo en una sucursal bancaria.”
También se investiga una flota de 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón del predio, cuyos peajes se pagaban mediante una única tarjeta de crédito. El juzgado ya ordenó reconstruir el origen de los fondos con los que se cancelaban los resúmenes del plástico.
Otro eje sensible es la existencia de un helipuerto activo dentro de la quinta. Se solicitaron informes para identificar aeronaves, movimientos y pasajeros, en un intento por vincular esos traslados con los presuntos beneficiarios reales del inmueble.
Perfil económico incompatible
Pantano figura inscripto como monotributista y registraba deudas bancarias superiores a los dos millones de pesos al inicio de la causa. Su madre, jubilada y trabajadora autónoma, incluso percibió el IFE durante la pandemia. Sin embargo, en mayo de 2024, la sociedad —entonces denominada Central Parks Drinks SRL— multiplicó su capital social de 300 mil a 58 millones de pesos, cambió su nombre a Real Central SRL y, pocas semanas después, concretó la compra del predio de más de 100 mil metros cuadrados.
Para los denunciantes, esa secuencia refuerza la hipótesis de una estructura societaria utilizada como pantalla, destinada a disimular el origen ilícito de los fondos.
La Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.