Conflicto con el Ejecutivo
Cómo fue el inédito reajuste del Concejo de Chimbas: 12 cargos nuevos, aumentos al personal y plata en subsidios
El lunes pasado, el Concejo Deliberante de Chimbas, por mayoría, llevó adelante una profunda reestructuración a su favor del presupuesto que había enviado la intendenta Daniela Rodríguez. De acuerdo a los números oficiales, el Ejecutivo había previsto una partida total para el Legislativo comunal de casi 1.189 millones de pesos, pero, tras las modificaciones, se fue a cerca de 4.200 millones, un aumento del 253 por ciento. Entre esos reajustes, hay 12 cargos nuevos e incrementos salariales al personal del cuerpo deliberativo, y plata en subsidios por poco más de 720 millones de pesos para que los ediles puedan repartir a los sectores más vulnerables.
Para producir semejante incremento, el grupo de concejales que retocó el presupuesto no subió el nivel de gastos, sino que redujo partidas que había establecido el Ejecutivo. Entre ellas, sobresalen los tijeretazos del 44 por ciento sobre el Camping Municipal (entre remodelaciones y el mantenimiento habitual) y el 50 por ciento honorarios y retribuciones a terceros y a la publicidad institucional. Además, hubo motosierra del 44,5 por ciento a la categoría “Obras varias a definir”, del 40 por ciento a la “Fiesta departamental”, del 39,4 por ciento a equipos informáticos y del 33,3 por ciento a “Movilidades varias”, entre otras.
La movida es inédita y no se registran antecedentes de cambios tan bruscos en una ordenanza de gastos y recursos. Para tomar otro parámetro como dimensión, el porcentaje de los fondos del Concejo, en comparación con el presupuesto total de 35.614.909.162 pesos, pasó de ser el 3,34 al 11,79 por ciento.
En el Legislativo chimbero señalaban que otros municipios también destinan ese último porcentaje a los Concejos Deliberantes e, inclusive, hasta cifras mayores. En realidad, tal versión obliga al chequeo de las comunas del Gran San Juan. Pero, si así fuese, tal distribución fue fruto, en algún momento, de un acuerdo entre ambos poderes de un departamento. En el caso de Chimbas, fue de manera intempestiva.
Los fuertes retoques presupuestarios se gestaron por el voto de la casi totalidad de los concejales del PJ, que entraron en la lista de la intendenta, pero que están alineados con su exesposo y exjefe comunal Fabián Gramajo, líder del espacio San Juan Te Quiero. Así, la movida refleja una interna entre la (¿ex?) dupla política y que también fuera una alianza matrimonial.
De esa manera, el presidente del Concejo, Ariel Rivero, y los ediles Augusto Neyra, Ivana Cortéz, Noelia Tortarolo y Leonela Yúdica votaron a favor de los cambios, al igual que Griselda Chávez y Eduardo Rodríguez, de Cambia San Juan. Los que no acompañaron la decisión fueron la peronista María Arredondo (del oficialismo, quien está con la jefa comunal), el orreguista Eduardo Nuñez y el giojista Luciano Cano.
Entonces, el presupuesto para el Legislativo pasó de 1.188.929.008 pesos a 4.198.603.707 pesos. Dentro esos valores, el rubro que se lleva más fondos es el llamado “Gasto en personal”, que contempla la planta política. De 973.292.129 pesos en el proyecto original se subió a 2.575.305.697 pesos, un crecimiento del 164,6 por ciento en esa categoría.
El salto se produjo en ese ítem por dos motivos. Uno, por el incremento en los cargos del Legislativo. De los actuales 34 (entre los que se encuentran los 10 ediles), se subió a 46. Los nuevos puestos son: Secretaría General del Concejo, Coordinación de Direcciones, Dirección de Atención al Ciudadano, Dirección de Compras y Contrataciones, Dirección de Innovación, Planificación y Participación Ciudadana, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Servicios Generales, Dirección de Vinculación Institucional, Dirección de Eventos, Dirección Legislativa y de Comisiones, más un asesor y secretario para un bloque nuevo, el del giojista Cano.
El concejal Eduardo Rodríguez, de Cambia San Juan, había explicado que el Legislativo necesitaba contar con su estructura para planificar y administrar los recursos.
En segundo lugar, el crecimiento del “Gasto en personal” se debió al aumento de los salarios de un grupo de cargos políticos, los que están atados en determinados porcentajes al sueldo de la intendenta. Así, los secretarios privados de los concejales pasan del 10 al 50 por ciento, los secretarios de bloque se van del 12 al 50 por ciento, al igual que los asesores de bloque.
Luego, el subsecretario Administrativo del Concejo trepa del 30 al 50 por ciento, el secretario Administrativo escala del 45 al 55, mientras que el asesor Letrado y el asesor Contable pasan del 50 al 60 por ciento. En los cargos nuevos, la Secretaría General arranca con el 65 por ciento, al igual que la Coordinación de Direcciones, mientras que las distintas direcciones tienen un piso del 50 por ciento.
Después, hay una suba exponencial en la categoría “Servicios no personales”, que incluye contratos y servicios. De los 69.299.379 pesos de la iniciativa original, escaló a 792.938.021 pesos. Es decir, un salto del 1.044 por ciento.
A diferencia del proyecto original, en la reforma del presupuesto aparece una partida llamada “Transferencias corrientes”, la que contiene los fondos para subsidios. Dicha categoría se previó en 720.522.488 pesos.
Ante semejantes cambios, la intendenta debe decidir si veta o no el presupuesto aprobado. Si desea hacerlo, cuenta con 10 días hábiles desde el lunes pasado. Si lo hace, el Concejo puede insistir en la sanción de la norma, para lo que necesita una mayoría calificada de siete de los 10 concejales. El número está para la insistencia, por lo que, de darse, el Ejecutivo está obligado a promulgar la norma. Salvo que acuda a la Justicia.
Es una posibilidad, dado que la jefa comunal había indicado que la decisión del Legislativo fue un “ataque a la gobernabilidad y la institucionalidad” y que “el quiebre es total y no hay vuelta atrás” en el vínculo con el Concejo. En sus declaraciones radiales, evitó mencionar a Gramajo, que es a quien le responden los ediles del bloque oficialista que modificaron el presupuesto.
La embestida fue grande, ya que hubo recortes en las partidas generales de “Trabajos Públicos”, con una reducción de 482.264.366 pesos con respecto al proyecto original (del 22 por ciento); en Bienes de Capital, con una quita de 513.016.429 pesos (26 por ciento menos), y Bienes de Consumo y Servicios, una baja de 587.286.308 pesos.