España lanza una regularización histórica: dará residencia legal a unos 500 mil inmigrantes

El Gobierno de España anunció una regularización extraordinaria de inmigrantes que podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas extranjeras que ya residen en el país. La iniciativa, que será formalizada mediante un Real Decreto, busca otorgar estatus legal a quienes se encuentran en situación administrativa irregular y avanzar en un esquema de mayor seguridad jurídica.

La decisión será aprobada en el Consejo de Ministros y responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de “garantizar derechos y dar respuesta a una realidad social existente”. Desde el entorno del presidente Pedro Sánchez remarcaron que se trata de una medida con fuerte contenido humanitario y respaldo político amplio.

Quiénes podrán acceder a la regularización

De acuerdo con los lineamientos oficiales, podrán acceder al beneficio aquellas personas extranjeras que hayan residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y logren acreditar al menos cinco meses de permanencia en el país. El plazo para presentar las solicitudes se extenderá hasta el 30 de junio.

La residencia podrá demostrarse a través de distintos medios, como empadronamiento, certificados médicos, contratos de servicios básicos, constancias de envíos de dinero u otros documentos que acrediten arraigo. Quedarán excluidos quienes registren antecedentes penales. Además, una vez presentada la solicitud, se suspenderán las órdenes de expulsión o retorno que estén vigentes por razones administrativas o por haber trabajado sin permiso, según confirmaron fuentes oficiales.

La regularización surge de un acuerdo entre el Gobierno y el partido Podemos, y retoma una iniciativa legislativa popular que había sido respaldada por más de 700.000 firmas. Esa propuesta ya había sido tomada en consideración por el Congreso con una mayoría contundente: 310 votos a favor y solo 33 en contra, correspondientes exclusivamente al partido Vox.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida permite desbloquear una respuesta que llevaba meses paralizada y que apunta a colocar “a las personas en el centro” de la política migratoria.

Con esta decisión, España se encamina a una de las regularizaciones más amplias de su historia reciente, en un contexto europeo marcado por debates cada vez más restrictivos sobre migración. El Gobierno defiende la medida no solo desde una perspectiva de derechos humanos, sino también como una herramienta para ordenar el mercado laboral, reducir la economía informal y reforzar la cohesión social.

La iniciativa abre ahora una nueva etapa en la política migratoria española y promete generar impacto tanto a nivel interno como en el escenario internacional.