Reforma migratoria en España: Cuáles son los beneficios para los argentinos

España prepara para este martes la aprobación de una medida que abrirá una vía concreta para regularizar la situación de cerca de medio millón de inmigrantes que ingresaron al país europeo antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten una residencia de al menos cinco meses. La iniciativa, fruto de un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la formación izquierdista Podemos, busca ofrecer una solución administrativa inmediata a quienes viven de manera irregular, entre ellos decenas de miles de argentinos.

Al tramitarse como "real decreto", el gobierno de Pedro Sánchez evita la necesidad de una convalidación parlamentaria y, por lo tanto, sortea posibles obstáculos que habrían demorado o impedido la decisión del Poder Ejecutivo español. Esta vía permite una entrada en vigor más rápida y confiere a la administración nacional la facultad de adoptar la reforma sin depender de mayorías legislativas, mecanismo que ha sido objeto de debate político por su alcance y por las implicancias democráticas de este formato.

Según las autoridades de Podemos, la regularización se aplicará a quienes demuestren una estancia mínima de 180 días en España antes de la fecha límite establecida. Dicha permanencia la podrán constatar mediante empadronamiento municipal u otros medios como informes médicos, contratos de suministro eléctrico o certificados de envío de remesas. La amplitud de los documentos que se aceptarán como válidos responde a los reclamos por las dificultades que afrontan quienes quieren dejar de estar allí como "irregulares".

Al ser admitido el trámite de solicitud, se concederá una autorización provisional de residencia y trabajo por un año, y se dará la suspensión automática de procedimientos de retorno y órdenes de expulsión vigentes hasta ahora. Transcurridos esos 12 meses, la persona podrá hacer un pedido ordinario, conforme al reglamento de extranjería actual.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España defendieron la acción para garantizar derechos y aportar seguridad jurídica a una realidad social existente, mientras que sectores críticos —sobre todo de la derecha local— han planteado dudas sobre el impacto laboral y sobre la capacidad administrativa para tramitar un volumen significativo en un plazo acotado.

Según datos oficiales, unos 415.000 argentinos residen de manera legal, con un 44% que posee doble nacionalidad, pero la estimación de la población en situación irregular alcanza niveles más altos. Al respecto, un informe del centro de análisis Funcas advirtió que el número de migrantes en situación administrativa ilícita ascendía a 840.000, aunque la reforma del reglamento de extranjería, de mayo de 2025, habría reducido esas cifras hasta medio millón.

Históricamente, gobiernos de distinto signo político —tanto del PSOE como del conservador Partido Popular— han impulsado desde la década de 1980 hasta ocho procesos extraordinarios de regularización con objetivos similares: reducir la población sin derechos plenos y combatir la economía informal por trabajo no registrado. Cada proceso ha combinado consideraciones humanitarias, laborales y de orden público, con distintos resultados políticos y sociales.

La nueva medida abre un capítulo de inmediata implementación administrativa y de debate público. Sus efectos dependerán de la operatividad de los mecanismos de acreditación, de la capacidad de las oficinas de extranjería para gestionar las solicitudes y de la respuesta social y política que genere la regularización de un colectivo numeroso, en un contexto europeo caracterizado por una sensibilidad creciente sobre las políticas migratorias.