Chiqui Tapia pidió que la Justicia cierre la causa que lo investiga por retención indebida de aportes

Claudio “Chiqui” Tapia solicitó el cierre de la causa en la que se lo investiga una presunta retención indebida de aportes previsionales por más de 19 millones de pesos.

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El pedido del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) fue presentado ante el juzgado en lo Penal Económico donde tramita la investigación iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El expediente, que también incluye a integrantes de la cúpula de la AFA, como el tesorero Pablo Toviggino, apunta a determinar si la entidad retuvo aportes y tributos sin depositarlos dentro de los plazos legales correspondientes, generando un perjuicio al Estado.

Los abogados de Tapia, Norberto Frontini y Lucio Simonetti, aseguraron en la presentación que no hubo delito, por lo que su defendido debe ser sobreseído. El juez Diego Amarante solicitó al fiscal Claudio Navas Rial que opine sobre el pedido.

El expediente se originó a partir de una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que advirtió que la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos a sus empleados sin efectuar el correspondiente depósito dentro de los plazos legales establecidos.

La conducta investigada encuadra, según el fiscal, en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones.

En su requerimiento de instrucción, Navas Rial imputó a Tapia en su rol de presidente y responsable de la administración de la clave fiscal de la AFA.

Además, sostuvo que, por la magnitud de la estructura económica de la entidad y los montos involucrados, resulta necesario ampliar la investigación a otros dirigentes vinculados al entramado societario que rodea a la asociación. Entre ellos mencionó a Cristian Ariel Malaspina y a Gustavo Lorenzo, ambos relacionados con empresas que, según la pesquisa, tendrían vínculos con el tesorero Toviggino.

En paralelo, Tapia y Toviggino también son investigados por la compra de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar, presuntamente adquirida a través de testaferros vinculados a dirigentes de la entidad.

La mansión bajo la lupa está a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, cuyos ingresos no son compatibles para una compra de tal magnitud.

Uno de los datos que más llamó la atención del ARCA fueron los consumos con tarjeta de crédito de Pantano, que oscilaron entre los $130.000 y los $600.000. Esos gastos, al igual que los ingresos declarados, no guardan relación con la compra de una mansión valuada en alrededor de 10 millones de dólares ni con la tenencia de una flota de vehículos de alta gama.

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La firma Real Central SRL, de Conte y Pantano, que declara como actividad principal el servicio de taxis, remises y alquiler de autos con chofer, tampoco presenta ganancias registradas ante el organismo fiscal. Además, el desagregado de propiedades indica que la empresa no tendría bienes inmuebles a su nombre en sus balances, pese a que en los registros oficiales figura como titular de inmuebles de altísimo valor.