Picón insiste en la baja de la edad de imputabilidad: los detalles “poco conocidos” del proyecto, según la legisladora sanjuanina

En los últimos días volvió a instalarse en la agenda pública el debate por la baja de la edad de imputabilidad, a partir de una nueva propuesta del Gobierno nacional. En ese contexto, la legisladora nacional por San Juan, Nancy Picón, brindó detalles del proyecto y salió al cruce de las críticas que surgieron en torno a la iniciativa.

“En este último tiempo vengo escuchando que quieren mandar a la cárcel a los niños, y no es así. Eso es desconocer absolutamente el proyecto”, afirmó en declaraciones radiales. Y agregó: “Lo que queremos es reinsertar socialmente a estos chicos que están en conflicto con la ley penal y que nadie los ayuda, porque la verdad es que una vez que cometen un delito, la policía los agarra, se los entrega a los padres, vuelven al mismo sistema”.

En ese sentido, explicó que muchos de estos jóvenes regresan a contextos atravesados por consumos problemáticos sin ningún tipo de acompañamiento. “Si en ese sistema encima están en conflicto con consumos problemáticos, vuelven a eso y nadie se encarga de ellos”, sostuvo. Según detalló, el proyecto propone un abordaje integral que contemple seguimiento en salud mental y física, educación, deporte y, dependiendo de la edad, inclusión laboral.

“Este es un proyecto de ley que ojalá se convierta en ley, que es mucho más ambicioso, que es para cuidarlos, para mostrarles que hay otra vida”, expresó Picón. Además, aclaró que los menores no estarían detenidos en los mismos espacios que los adultos: “Ni siquiera estarían presos o retenidos en el mismo lugar que están los adultos”.

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Al referirse a la comprensión de la criminalidad de los actos, la diputada fue contundente. “Por supuesto que entiende la criminalidad de los actos. Los chicos a los 13 años hoy saben mucho más de lo que nosotros pensamos”, afirmó. Y ejemplificó: “Un chico a los 13 años puede decidir su vida sexual, pero sin embargo, si a través de ese acto comete una violación, no es responsable. Entonces la entiende, la comprende, pero si comete un delito no es responsable”. 

Picón sostuvo que la sociedad está reclamando respuestas y responsabilidad. “La sociedad está pidiendo que sean responsables de los hechos que cometen. No solo los chicos, porque acá hay que avanzar más allá. También los padres”, señaló, y pidió expresamente que se lea el proyecto: “Yo a través de ustedes quiero pedirle a la sociedad de verdad que lean el proyecto, porque van a ver qué ambicioso es”.

Sobre los puntos más importantes de la iniciativa, explicó que existen distintas penas según la gravedad del delito. “Hay un montón de penas antes, que van desde la amonestación, que quiere decir, llamar a los padres del chico, que el juez le explique cuál fue el delito que cometió, que tenga que asistir a un tratamiento psicológico y que tenga que presentar certificados de que está yendo a la escuela”, detalló, además agregó: “Esa es la pena más simple, es por delitos de pena baja”.

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En los casos de delitos graves, precisó que “no existe la reclusión ni la prisión perpetua para los chicos” y que “la pena máxima son 15 años”. Además, aclaró que los menores cumplirían la condena en espacios exclusivos, separados por edades. “No vamos a poner un chico de 14 años con uno de 18”, afirmó.

Otro de los aspectos centrales del proyecto es la figura del tutor. “Es una persona capacitada para poder acompañar al chico y a la familia del chico en la reinserción social, laboral y familiar”, explicó y se preguntó: “¿Por Dios, que alguien me diga dónde está lo malo de esta ley, porque en realidad lo que estamos haciendo es cuidar a los chicos que hoy están absolutamente desprotegidos?”.

Al ser consultada sobre si la provincia está en condiciones de albergar a menores que deban cumplir algún tipo de condena y si el Nazario Benavides podría ser uno de los espacios destinados, Picón explicó que existen distintos escenarios previstos en el proyecto. “En principio tenemos dos situaciones. Aquellos chicos que no quedan detenidos, que son la mayoría de los casos, vuelvo a repetirles, solamente quedan detenidos aquellos chicos que cometen delitos graves. Los otros casos van a tener el acompañamiento del tutor, van a tener acompañamiento de la familia, por supuesto que estamos preparados”, sostuvo.

Además, Picón destacó que el Gobierno de San Juan viene trabajando desde el inicio de la gestión en políticas vinculadas a educación, salud mental y deporte, áreas que forman parte central del proyecto. Señaló que, incluso sin la ley sancionada, la provincia ya avanzó en programas educativos, en la creación de la Dirección de Salud Mental y en propuestas deportivas destinadas a los jóvenes.

En relación al financiamiento del sistema, la diputada explicó que uno de los principales puntos a resolver era este tema. “Había quedado ambiguo cómo iban a resolverse el tema de los fondos porque no había presupuesto”, señaló, y detalló que tras una reunión entre los presidentes de bloque y el titular de la Cámara de Diputados se comenzó a trabajar en un esquema de financiamiento mixto. “Ahora se está trabajando en el artículo donde los fondos van a ser enviados de Nación a provincia, y otros fondos van a ser puestos por las provincias”, explicó.

En ese sentido, destacó que “la Nación va a enviar fondos para remodelación o construcción, dependiendo también la cantidad de la población en problemas”, y remarcó que la situación de San Juan es distinta a la de otras jurisdicciones. “No es lo mismo la cantidad de población en conflicto con la ley penal juvenil en San Juan que en Buenos Aires”, subrayó.

Por otra parte, Picón aclaró que el proyecto no apunta a un esquema carcelario tradicional para menores. “No se busca que sea un sistema carcelario que los chicos se sientan realmente en la cárcel”, afirmó, y sostuvo que el objetivo es que los jóvenes “entiendan lo que hicieron” y “puedan comprender la criminalidad del hecho que cometieron y responderle a la sociedad”. En ese marco, planteó la necesidad de dar respuestas a las víctimas y sus familias. “¿Quién le responde a los padres de las chicas que matan en Buenos Aires?”, se preguntó, y sumó ejemplos de delitos cometidos por menores en distintos puntos del país.

Finalmente, al referirse a hechos de violencia, la legisladora fue contundente al señalar que los menores deben asumir responsabilidad por sus actos. “En caso de que sean menores, estos menores deben responder, pero además deben aprender y entender que lo que hicieron no está bien”, sostuvo. Además, consideró que la legislación vigente quedó desactualizada y que los adolescentes actuales comprenden la criminalidad de sus acciones. “Son otros niños, no son los de 1980, tienen acceso a la tecnología”, afirmó, y concluyó: “Son niños, deben responder, pero los debemos reinsertar en la sociedad. Este es un proyecto que debe transformarse en ley, es resocializado, y eso es lo más importante de todo”.