Baja de edad de imputabilidad: un juez de Menores señaló que en San Juan, los delitos juveniles no representan ni el 1%

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en el país ha vuelto a ponerse en el centro de la escena política y social. En este contexto, diversas voces especializadas advierten sobre la necesidad de analizar las estadísticas reales antes de avanzar en reformas legislativas. Según datos aportados por un magistrado del fuero de Menores de San Juan, el impacto de los delitos cometidos por menores de 18 años en la provincia, es significativamente menor al que suele percibirse en el discurso público.

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Jorge Toro, juez penal juvenil, con trece años de trayectoria en el cargo, aportó una perspectiva basada en la experiencia directa y los datos recolectados en la provincia. El magistrado enfatizó que la incidencia de los jóvenes en la criminalidad general es bastante reducida, situándola en niveles mínimos que invitan a reflexionar sobre la eficacia de centrar el debate únicamente en la sanción penal.

"La incidencia del delito juvenil en el delito en general es muy baja, pero muy baja. Obviamente no llega al 1%. Nosotros en el año, en la intervención de los dos juzgados, identificamos, entre delitos, faltas y contravenciones cometidas por personas menores de 18 años, entre 700 y 800 autores. Se mantiene esa cifra", dijo el magistrado en declaraciones radiales

Las estadísticas revelan además un dato alentador sobre la eficacia del sistema actual en la mayoría de los casos: aproximadamente el 75-76% de los jóvenes que toman contacto con la justicia por primera vez no vuelven a cometer delitos. Si se analizan los hechos de forma aislada, el porcentaje de éxito en la no reincidencia se eleva casi al 90%, lo que sugiere que, para la gran mayoría, el paso por el sistema penal es transitorio y propio de una conducta adolescente disruptiva.

Sin embargo, existe un núcleo duro del 10% de esos jóvenes que reitera delitos de forma constante. Estos menores suelen presentar un perfil de vulnerabilidad extrema: abandono escolar temprano, familias que no pueden contenerlos y problemas de consumo o adicciones. En muchos casos, se trata de hogares monoparentales con estrategias de supervivencia ligadas al delito, donde el Estado ha fallado previamente en sus intervenciones asistenciales.

"Ese chico que le roba al vecino, que empieza a cometer delitos de mayor gravedad, el Estado lo conoce, todos los actores que trabajamos con adolescentes lo conocemos, pero por alguna razón no nos podemos poner de acuerdo para articular y trabajar específicamente con esos chicos. Entonces, que la edad de imputabilidad baje a 14 años, a 11, o a 10, si no hacemos un trabajo serio que involucra también a la sociedad, la incidencia no va a bajar".

Respecto a la franja etaria que se pretende incluir en una posible reforma (14 y 15 años), el análisis judicial indica que, si bien este grupo representa cerca del 25% de los delitos cometidos por menores, la gravedad de sus actos es "bajísima". Los delitos complejos, como homicidios, son extremadamente inusuales en estas edades. En trece años al frente de su juzgado, el juez Toro solo intervino en un caso de homicidio cometido por un menor de 15 años.

Un punto central en la discusión es la capacidad de comprensión de los menores. Desde la psicología y la neurociencia, se argumenta que un joven de 14 años puede entender la criminalidad de un acto, pero carece del desarrollo cerebral necesario para controlar sus impulsos. Por ello, organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño desaconsejan bajar la edad de imputabilidad, citando que empíricamente no mejora las estadísticas de seguridad.

Para el magistrado, la discusión sobre la edad es "secundaria" si no se acompaña de políticas públicas que aborden la raíz del problema. Existe una preocupación por el retorno a modelos de "patronato" que fracasaron en el pasado, donde el juez se convertía en un gestor de la vida del menor, recurriendo a la internación masiva como única respuesta ante la falta de herramientas preventivas y socioeducativas.

"La familia, la comunidad, la escuela, el club siguen siendo irreemplazables. Son herramientas sencillas, simples, claras. Son los factores de protección que a muchos de nosotros nos permitieron transitar una adolescencia sin mayores riesgos y poder llevar adelante un proyecto de vida".

El juez también se refirió a la situación de las víctimas, reconociendo que la justicia rara vez logra reparar el dolor de una pérdida grave, como un homicidio. No obstante, insistió en que la respuesta del Estado no puede ser meramente retributiva o basada en el encierro prolongado en instituciones que, históricamente, han reproducido exclusión y pobreza en lugar de resocializar.

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Finalmente, el debate plantea si San Juan y el país están preparados para la implementación de nuevos institutos de menores en caso de aprobarse la ley. La experiencia histórica con los "macroinstitutos" ha sido negativa, funcionando muchas veces como escuelas de delincuencia más que como espacios de reeducación. La conclusión de los expertos es que, sin un compromiso real del Ejecutivo en salud, educación y niñez, cualquier cambio en la edad de imputabilidad será apenas una medida anecdótica que no resolverá el problema de fondo de la inseguridad