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Los detenidos en la financiera vinculada a Chiqui Tapia reconocieron órdenes para borrar pruebas y la Justicia les ofreció ser “imputados colaboradores”
El Juzgado Federal de Lomas de Zamora, encabezado por Luis Armella, ofreció acuerdos penales a los cuatro empleados de Sur Finanzas, la financiera vinculada al presidente sanjuanino de la AFA, Claudio Tapia, imputados por la destrucción de pruebas y el encubrimiento en la causa que investiga maniobras de lavado de activos y evasión fiscal. A todos los imputados, que siguen detenidos, se les informó sobre la posibilidad de acogerse al régimen de reducción de pena previsto en “la Ley 27.30441, artículo 41 ter del Código Penal”, también conocida como ”ley del imputado colaborador” o “ley del arrepentido” y que establece un régimen de reducción de pena para quien aporte información relevante, precisa, veraz y comprobable que ayude al a esclarecer delitos graves, identificar autores, detener a los responsables de mayor jerarquía. Los empleados de Sur Finanzas no rechazaron la propuesta y manifestaron que lo consultarían con sus abogados.
Los cuatro nuevos imputados en la causa Sur Finanzas son empleados de la propia estructura interna de la financiera y parte del engranaje del encubrimiento y falsificación de pruebas ante los inminentes allanamientos que la justicia iba a realizar el 1 de diciembre de 2025.
Se trata de Juan Miguel Soler, técnico informático encargado de los sistemas; César Zapaia, oficial de cumplimiento; Daniela Sánchez, secretaria privada del empresario Ariel Vallejo; y Rolando Soloaga, jefe de seguridad y de choferes.
Para la Justicia, habrían tenido un rol activo en maniobras destinadas a ocultar y destruir pruebas —incluidos mensajes para borrar información, desconectar programas y retirar equipos informáticos— en el marco del operativo judicial que desarticuló la presunta cueva financiera vinculada al fútbol argentino.
Según la resolución del juez, los imputados “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas, con lo cual entiendo se verían acrecentados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio respecto de aquéllos”.
FUENTE: Infobae.