La Justicia británica ordenó a la Argentina revelar activos por el juicio del cupón PBI y acelera el riesgo de embargos

La Corte de Londres ordenó al Estado revelar información clave sobre activos potencialmente embargables en el marco del juicio por el cupón PBI en euros, una causa en la que el país fue condenado a pagar €1330 millones (unos US$1443 millones). El fallo se inscribe dentro del proceso de discovery, una instancia que permite a los acreedores identificar bienes, contratos y cuentas que puedan ser objeto de embargo para ejecutar la sentencia. En este caso, los demandantes buscan datos sobre concesiones petroleras firmadas con empresas internacionales, acuerdos en el sector energético y cuentas bancarias en el exterior.

Los fondos que ganaron el litigio —Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald— ya lograron ejecutar una garantía de €313 millones que la Argentina había depositado para poder apelar. Ese recurso fue rechazado y el monto quedó en manos de los acreedores. Sin embargo, todavía restan alrededor de €1000 millones para completar el pago total de la condena.

El origen del conflicto se remonta a 2013, cuando durante el gobierno de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía, se modificó la metodología de cálculo del PBI. Según determinó la justicia británica en 2024, ese cambio perjudicó a los inversores al reducir los pagos vinculados a los bonos emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010.

El instrumento en cuestión había sido diseñado como incentivo en la reestructuración liderada por Roberto Lavagna, junto a Guillermo Nielsen, y establecía pagos adicionales si el crecimiento económico superaba el 3% anual, con vigencia hasta 2035. La Argentina dejó de abonar esos cupones cuando el crecimiento cayó por debajo de ese umbral, lo que derivó en la disputa judicial.

En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mencionó en un informe técnico la necesidad de resolver los litigios pendientes y llamó a avanzar en negociaciones de buena fe para cumplir con la sentencia de Londres. No obstante, los acreedores negaron que existan conversaciones en curso y sostienen que el país no muestra voluntad de pago.

Desde el entorno de los demandantes advierten que el objetivo ahora es claro: identificar cualquier flujo de ingresos o activo internacional susceptible de embargo. El movimiento podría impactar en contratos estratégicos y tensar aún más la relación financiera del país con los mercados globales.