El Gobierno extendió las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero y sumó el debate por el financiamiento universitario

El Gobierno nacional prorrogó el período de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el sábado 28 de febrero, con el objetivo de garantizar el tratamiento de los proyectos incluidos en el temario y evitar que iniciativas debatidas en la última semana del mes queden sin efecto por cuestiones reglamentarias. La medida fue dispuesta mediante el Decreto 103/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El cambio agrega una jornada al cronograma original, que finalizaba el viernes 27. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, cuando restan diez días o menos para el cierre de las sesiones, los dictámenes pueden perder validez práctica. Para evitar ese escenario, la Casa Rosada resolvió ampliar el plazo y asegurar el tratamiento parlamentario de los proyectos en curso. Además, el Ejecutivo incorporó al temario la “consideración del Proyecto de Reforma de la Ley 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, iniciativa que será enviada por el Poder Ejecutivo.

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El oficialismo aspira a cerrar febrero con la sanción de la reforma laboral y otros proyectos considerados prioritarios, antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1° de marzo. Hasta el momento, consiguió media sanción de la reforma laboral y avances en la Ley Penal Juvenil y en el acuerdo con el Mercosur.

Financiamiento universitario en el centro del debate

La inclusión del financiamiento universitario se produce luego de que el Gobierno apelara la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley aprobada en 2025. La crisis presupuestaria del sistema universitario, que se profundizó entre 2024 y 2025 con movilizaciones masivas y un veto presidencial, abrió un frente político y judicial que el Ejecutivo busca reencauzar con una nueva norma.

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En ese contexto, funcionarios del área educativa mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una propuesta que contemple actualización presupuestaria con previsibilidad jurídica, aunque sin comprometer el objetivo central del Gobierno: el superávit fiscal.