Programa social
Gobierno aumentó en 53% las partidas a los municipios para prevención de adicciones, con fuerte presencia de Rivadavia
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, volvió a firmar convenios con los municipios para transferirles los recursos que sostienen los honorarios de los profesionales abocados a las tareas de prevención de adicciones o consumos problemáticos. Así, se destinarán 654.720.000 para este año, lo que representa un aumento del 53 por ciento con respecto a 2025, cuando se giraron 428.040.000 pesos.
El incremento, de 226.680.000 pesos, se fundamenta en la actualización de lo que se les paga a los especialistas, que estuvo en el orden del 27 por ciento. Pero, además, se dio una fuerte suba en la cantidad de personal en un municipio. En Rivadavia, de tres profesionales en 2025 se pasó a un total de 15 para este año, mientras que el resto de las comunas mantuvieron el mismo número.
Se trata de uno de los planes que despliega la cartera social para financiar a los equipos técnicos del Programa “Unidad Municipal de los Consumos Problemáticos” (UMCOP), el cual apunta a la prevención, asistencia, tratamiento, rehabilitación y reintegración social de personas que atraviesan situaciones de consumos problemáticos o adicciones. En ese marco, existe una articulación entre las comunas y la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos del Ministerio.
Los convenios entre provincia y los municipios se firmaron a fines del año pasado, fueron ratificados por decreto y se enviaron a la Cámara de Diputados para su aprobación. De acuerdo al plan, los intendentes aportan el establecimiento en el que funcionarán los equipos técnicos, que reciben y atienden a quienes buscan asistencia. Además, ponen mobiliario, computadoras, servicios y movilidades.
A su vez, el Ejecutivo paga los contratos de los profesionales, brinda asistencia técnica en el desarrollo de proyectos sociocomunitarios y capacitación al recurso humano. Los especialistas están contemplados en dos grupos: el profesional técnico (que nuclea a licenciados en Psicología, Trabajo Social y abogados) y el operador territorial. El primero pasó de cobrar 630 mil a 800 mil pesos, mientras que, el segundo, de 485 mil a 620 mil pesos.
De acuerdo al convenio, los equipos técnicos se conforman a propuesta del municipio o del Ministerio, cuyos profesionales deben acreditar una formación específica en el tratamiento de prevención de consumos problemáticos. Se prevé que los especialistas, preferentemente, debe vivir en el respectivo departamento, pero, si no fuese el caso, la comuna debe solventar los gastos de traslado o estadía.
La cantidad de personal varía de acuerdo a la necesidad y envergadura de cada departamento, por lo que aquellos con mayor cantidad de habitantes tienen estructuras más amplias. En ese marco, los equipos deben presentar un informe semestral sobre el desarrollo de sus tareas. De acuerdo a esos datos, la Dirección provincial lleva adelante un análisis anual en cuanto al funcionamiento y evalúa la posibilidad de bajas o incorporaciones de personal, ajustando el número de acuerdo a la realidad del lugar.
Así, Rivadavia venía con tres profesionales y este año cuenta con 15: seis licenciados en Psicología, cinco en Trabajo Social, un coordinador profesional y un acompañante terapéutico, más dos operadores socioterapéuticos.
El resto de los departamentos continúa con la misma cantidad de profesionales. En Chimbas hay ocho, en Pocito y Caucete hay siete; Rawson, Capital y Santa Lucía cuentan con tres; mientras que Albardón, 25 de Mayo, Angaco, Calingasta, Iglesia, Jáchal y 9 de Julio poseen dos.
Por eso, el incremento de la partida para Rivadavia subió cerca de un 516 por ciento, mientras que la suba en el resto fue del orden del 27 por ciento. La suba de los recursos para todos los municipios fue de 226.680.000 pesos, mientras que el aumento en dicho departamento, comparado con 2025, fue de 117 millones, lo que representa un 51,6 por ciento del total.
Otro de los programas que tiene el Gobierno con los municipios es el denominado Dispositivos del Área Género, el cual apunta a cumplir lo que ordenan las leyes nacionales en cuanto a la aplicación de políticas de perspectiva de género, la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTQ+.
Los fondos para las comunas alcanzó un total de 918.960.000 pesos, una suba del 27,1 por ciento con respecto a 2025, que estuvo en el orden de los 722.940.000 pesos.
El plan tiene características idénticas al de Consumos Problemáticos en cuanto a los aportes de los municipios y la provincia, y la propuesta y la definición de los equipos técnicos, con experiencia o formación en el abordaje de problemáticas ligadas a enfrentar la violencia de género.
En este caso, Rivadavia también tuvo un aumento de personal, aunque menor: de siete profesionales subió a ocho, igualando la cantidad de Chimbas, Pocito, Rawson y Capital. Por su parte, Caucete sigue con siete especialistas, Santa Lucía con seis, y, el resto, con cuatro.