El Gobierno busca llevar a la Corte Suprema el fallo que cuestionó un punto clave de la reforma laboral

El Gobierno nacional avanzará con una estrategia para intentar revertir el fallo que declaró inconstitucional uno de los artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso a fines de febrero. La Procuración del Tesoro trabaja en la presentación de un recurso extraordinario federal con el objetivo de que el expediente llegue a la Corte Suprema y sea el máximo tribunal el que defina la validez constitucional del mecanismo previsto para actualizar créditos laborales en juicios en curso.

La controversia se originó tras una resolución de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba, firmada el 10 de marzo por el juez Ricardo Gileta. En su sentencia, el magistrado invalidó la aplicación del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral al considerar que establece un trato desigual entre trabajadores según el momento en que iniciaron sus demandas judiciales. La norma cuestionada fija un sistema de actualización de créditos laborales basado en la tasa pasiva del Banco Central y establece un piso equivalente al 67% del cálculo que surge del nuevo esquema indexado por inflación.

Según argumentó, esa diferenciación vulnera el principio de igualdad ante la ley, ya que aplica condiciones distintas a trabajadores que reclaman créditos de naturaleza. Por ese motivo dispuso que, en el caso analizado, la deuda laboral se actualice mediante el mecanismo previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Frente a este escenario, el Ejecutivo decidió avanzar con la apelación correspondiente, mientras en distintos despachos oficiales anticipan que la reforma laboral enfrentará una etapa de judicialización en varios tribunales del país. En ese contexto, la estrategia oficial apunta a defender la norma en cada expediente y, eventualmente, lograr que la Corte Suprema establezca un criterio definitivo sobre los puntos cuestionados.