Los gremios docentes impugnaron la limitación de la huelga que dictó Trabajo y ya plantean la inconstitucionalidad

Los representantes letrados de los tres gremios docentes de la Provincia presentaron un recurso contra una medida oficial volvió a poner en debate el alcance del derecho a la protesta en San Juan. Se trata de un recurso jerárquico interpuesto contra una resolución de la Subsecretaría de Trabajo que limita el ejercicio de la huelga , aplicando la modernización laboral que obliga a garantizar el 75% del servicio. Esto echa por tierra cualquier posibilidad de paro docente total y para las entidades sindicales, esto representa una "restricción indebida del derecho a huelga", según reza el escrito.

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El planteo fue realizado en el marco de un expediente administrativo y apunta directamente contra la decisión de la cartera laboral de restringir medidas de fuerza impulsadas por los sindicatos docentes de la provincia. Según sostienen los letrados, la resolución implica una afectación directa de derechos constitucionales.

En el escrito, los abogados cuestionan que la Subsecretaría haya avanzado con una medida que, a su entender, reduce de manera indebida el alcance del derecho a huelga, una garantía protegida por la Constitución Nacional. Además, advierten que la decisión podría sentar un precedente riesgoso para otros sectores laborales.

Uno de los ejes centrales del recurso es que la resolución sería arbitraria y carente de fundamentos suficientes, ya que —según plantean— no se habrían valorado correctamente los elementos del caso ni se habría justificado de manera adecuada la necesidad de la restricción.

También remarcan que existirían vicios en el procedimiento administrativo, lo que, a criterio de la parte recurrente, compromete la legalidad del acto dictado por la autoridad laboral. En ese sentido, sostienen que no se habrían respetado plenamente las garantías del debido proceso.

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Otro de los puntos señalados es la falta de proporcionalidad en la medida adoptada. Los abogados entienden que la limitación impuesta a los gremios docentes resulta excesiva frente a los objetivos que persigue la autoridad, lo que la vuelve cuestionable desde el punto de vista jurídico.

El recurso también pone el foco en la protección de la actividad sindical, al considerar que la resolución afecta el normal desenvolvimiento de las organizaciones gremiales y su capacidad de representación frente a los conflictos laborales.

En función de estos argumentos, los letrados solicitaron que una instancia superior revise lo actuado y disponga la revocación o modificación de la resolución cuestionada, con el objetivo de restituir plenamente el derecho a huelga en el sector docente. Una de las modificaciones planteadas, es que se declare inconstitucional el artículo 101 de la Ley 27.802 que establece la esencialidad de la educación. 

Ahora, será una autoridad jerárquicamente superior dentro de la estructura administrativa la encargada de analizar el planteo y definir si confirma o deja sin efecto la medida adoptada por la Subsecretaría de Trabajo.

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El caso se da en un contexto de tensión entre el Gobierno y los gremios docentes, donde las discusiones salariales y laborales vienen marcando la agenda. La definición sobre este recurso podría tener impacto directo en futuros conflictos y negociaciones en la provincia.