La Justicia profundizará sobre los documentos de las firmas que pagaron el viaje de Adorni a Uruguay

La causa que investiga el traslado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este en un avión privado sumó en las últimas horas nuevos elementos y decisiones judiciales. El magistrado federal Ariel Lijo dispuso una batería de medidas orientadas a esclarecer cómo se financiaron los vuelos y quiénes intervinieron en los pagos.

En el expediente ya figura documentación vinculada al vuelo que partió desde San Fernando hacia Uruguay el 12 de febrero. Entre esos elementos aparece una factura correspondiente al tramo de ida por 4.830 dólares, cifra superior a la que había sido mencionada previamente por el propio funcionario.

Con el objetivo de profundizar la investigación, el juzgado requirió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria registros de cámaras y documentación relacionada con el operativo aéreo, además de exigir a la empresa encargada del servicio la entrega de comprobantes y facturación completa.

La pesquisa está centrada en seguir el recorrido del dinero y determinar su trazabilidad. En ese marco, se incorporó una factura emitida por la firma Alphacentauri a nombre de la empresa Imhouse por el costo del primer vuelo. Esta última aparece vinculada a Marcelo Grandio, periodista cercano a Adorni y con presencia en la TV Pública a través de su productora.

En paralelo, la empresa aérea se comprometió a aportar la información del vuelo de regreso. Ese material ya fue incorporado: se trata de una factura emitida a nombre de Agustín Issin Hansen por un total de 42.250 dólares bajo el concepto de “servicios aeronáuticos”, que incluirían un paquete de diez vuelos a Punta del Este, de los cuales la familia del funcionario habría utilizado uno.

Según consta en la causa, también se adjuntó una constancia de acreditación de fondos en una cuenta radicada en el exterior, lo que suma nuevas líneas de análisis para los investigadores.

Respecto al primer tramo, se estableció que el pago se realizó mediante una transferencia en pesos equivalente a 4.830 dólares, concretada el 5 de febrero. A partir de estos datos, la fiscalía impulsó nuevas medidas de prueba.

Entre ellas, el levantamiento del secreto fiscal de Imhouse y de Issin Hansen, así como el secreto bancario de la primera firma. Además, se solicitó información detallada sobre cuentas y movimientos asociados al pago del vuelo inicial.

La Justicia también requirió datos al organismo recaudador sobre la situación fiscal y la facturación de las empresas y personas involucradas, y exigió a Issin Hansen que entregue toda la documentación disponible sobre el viaje de regreso.

En otro frente, el juez pidió precisiones sobre la normativa vigente en materia de viajes oficiales, viáticos y posibles financiamientos por terceros para funcionarios del Poder Ejecutivo. A esto se suman pedidos de informes dirigidos a la ANAC y a la Aduana para verificar controles realizados sobre la aeronave y su tripulación.

Uno de los puntos que despierta especial interés es la conexión entre Grandio y la TV Pública, organismo que depende de la estructura de comunicación bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, lo que podría añadir un componente adicional al análisis del caso.

Con estas medidas, el juzgado busca reconstruir el circuito financiero completo detrás del viaje y determinar si existieron irregularidades en la financiación del traslado.