Gritos y cruces en la audiencia pública por la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina puso en marcha este miércoles una audiencia pública clave para el futuro de la Ley de Glaciares, en medio de un clima tenso marcado por gritos, cruces y cuestionamientos al mecanismo de participación.

El debate, que cuenta con más de 105 mil personas inscriptas, comenzó con una primera jornada presencial en la que expondrán 200 oradores, mientras que este jueves continuará con una instancia virtual con otros 200 participantes.

El esquema mixto, impulsado por La Libertad Avanza, fue rechazado por sectores ambientalistas y parte de la oposición, que cuestionaron las limitaciones en la participación y el formato elegido para una discusión de alto impacto.

En ese contexto, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, encabezaron la audiencia. Durante el desarrollo de la jornada, y en medio de interrupciones y momentos de tensión, Peluc debió intervenir para calmar a los presentes.

Uno de los episodios más intensos se vivió cuando la diputada justicialista Paula Penacca se cruzó con Peluc, quien además conduce la audiencia en su rol de titular de la comisión de Minería. En medio de gritos, cruces verbales y aplausos de protesta, la legisladora reclamó por las personas que quedaron afuera del recinto sin poder ingresar y sin voz en la audiencia pública.

El planteo expuso el malestar de distintos sectores respecto al desarrollo del debate, en una jornada donde también hubo reiterados pedidos de orden. En ese marco, el legislador sanjuanino pidió respeto en reiteradas oportunidades para poder continuar con las exposiciones y garantizar el desarrollo del debate, en una audiencia que aparece como decisiva en el tratamiento de la reforma de la normativa aprobada previamente por el Senado.

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Una audiencia bajo cuestionamientos y con riesgo de judicialización

El inicio del debate llega acompañado de una fuerte ofensiva opositora. Legisladores de distintos bloques preparan una impugnación formal contra la audiencia, al considerar que el esquema adoptado vulnera normas constitucionales y tratados internacionales vinculados al acceso a la información y la participación pública en cuestiones ambientales.

En ese planteo, se señala que la modalidad implementada resulta incompatible con el Acuerdo de Escazú y con la Ley General del Ambiente, al restringir el derecho a intervenir de manera efectiva. Además, advierten que el procedimiento contradice acuerdos previos alcanzados en comisiones y podría derivar en una serie de presentaciones judiciales si el proyecto avanza hacia su aprobación definitiva.

El oficialismo, por su parte, se apoya en un reciente fallo judicial que rechazó una medida cautelar que buscaba suspender la audiencia. Aunque la resolución no se pronuncia sobre el fondo del planteo, sirve como respaldo político para avanzar con el cronograma previsto. La discusión, sin embargo, permanece abierta y promete trasladarse también al terreno judicial.