2026-04-17

MEDIDA

El BID anunció un apoyo financiero para la Argentina y una garantía de US$550.000 millones

El plan del organismo alcanzaría los US$7.200 millones en 2026, sumado a proyectos en el sector público.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un nuevo esquema de apoyo financiero para la Argentina que incluye garantías por 550 millones de dólares destinadas a facilitar el acceso a crédito privado. El programa también contempla la aceleración de desembolsos por un total de 7.200 millones de dólares previstos para 2026, en el marco de una estrategia orientada a respaldar reformas económicas y promover inversiones en el país.

Según el ministro de Economía, Luis Caputo, el objetivo es mejorar el perfil de la deuda. “Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero”, señaló.

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De acuerdo con la información oficial, más de 5.000 millones de dólares estarán destinados a operaciones con el sector público, incluyendo financiamiento de proyectos y garantías. En paralelo, BID Invest —el brazo del organismo para el sector privado— prevé movilizar inversiones por aproximadamente 2.200 millones de dólares.

El plan para 2026 busca ampliar el respaldo al país mediante el impulso a reformas estructurales, inversiones estratégicas en provincias y financiamiento directo a empresas. El monto total proyectado supera los niveles aprobados en 2025.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, destacó los avances económicos del país y afirmó que el organismo apunta a “apoyar reformas, movilizar inversión privada y desarrollar infraestructura para sostener el crecimiento”.

En cuanto al destino de los fondos, se priorizarán proyectos vinculados a infraestructura social y productiva, acceso a la salud, economía digital y financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas. También se prevén inversiones en sectores como agroindustria, manufactura exportadora y minerales estratégicos, entre ellos el litio.

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Por el lado del sector público, el enfoque estará puesto en la mejora de la gestión fiscal, la calidad del gasto y la modernización del sistema tributario, además de áreas como seguridad, justicia y acceso a servicios esenciales.

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