NUEVA MANIOBRA
El Gobierno nacional busca suspender la Ley de Financiamiento Universitario, esta vez con un recurso en la Corte Suprema
El Gobierno busca dar un nuevo revés en la Ley de Financiamiento Universitario, ya que presentó un recurso en la Corte Suprema para que suspenda. De acuerdo con lo que detallaron, reiterarán el argumento ya usado en la Cámara y en el decreto con el que promulgaron la norma. Es decir que para ellos, la ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla.
La fundamentación nace de la objeción de Nación que sostiene desde el veto de la ley en el 2025, la cual planteó en el Congreso cuando insistieron con su sanción. Cabe recordar que, en el decreto de veto, aludieron a esta suspensión en el marco de la aplicación del artículo 5 de la ley 24.629. Esto se daría de este modo hasta el Congreso definiera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
A pesar de ello, el argumento fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Y a la vez el pasado 31 de marzo, la Sala III confirmó la cautelar que ordenó al Estado cumplir de forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, estos referidos a la actualización salarial y a la recomposición de becas.
Sin embargo, desde la Casa Rosada sigue con la misma línea de argumentos, aunque el nuevo paso es llevarlos hasta el máximo tribunal. Lo que indicaron es que con este recurso tienen como objetivo ganar tiempo y a la vez sostener la tesis de que la implementación de la ley debe estar sujeta a la disponibilidad presupuestaria, para así evitar incurrir al déficit.
Lo que si se pudo saber es que hay una fuerte intención de impulsar una nueva ley para modificar el costo fiscal de la norma. La misma seria la base para volver a discutir en el Congreso una salida que con menor ejecución presupuestaria. Mientras, el Gobierno asegura que actualizará las partidas universitarias y cumplirá con las erogaciones mensuales que habilita la ley.
Fuentes del gobierno aseguran que la adecuación se va a incorporar al presupuesto y se efectuara de manera mensual. Lo que consideran es que se trata de una actualización de las partidas a distribuir internamente y no en un pago único e instantáneo.
Desde el sector de las universidades creen además que la implementación puede volver a demorarse por la apelación judicial, lo que mantiene abierto un escenario de incertidumbre, más aun teniendo en cuenta los tiempos concretos de ejecución de la ley.